Este lunes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohíbe hacer cualquier transacción con Caracas.
“Todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni tratados de otra manera”, precisa la orden, difundida por la Casa Blanca.
La medida, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el Gobierno venezolano, se aplica al Estado y al Gobierno de Venezuela, así como a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La disposición, que entró en vigor de inmediato en la misma jornada, según reza el documento, se fundamenta en la supuesta “usurpación del poder” por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en “los abusos de los derechos humanos” en el país caribeño; argumentos ya esgrimidos por la Administración Trump para mantener una dura campaña de presión contra Venezuela.
Todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni tratados de otra manera”, precisa una orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump.
La orden en cuestión constituye la medida más dura de la Administración Trump contra Maduro, desde que reconociera la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como “presidente interino”. Anteriormente, EE.UU. ha sancionado a una serie de funcionarios y empresas vitales como la PDVSA.
¿Sanciones buscan la democracia o el petróleo?
Recurriendo a todas esas medidas restrictivas, además de amenazas intervencionistas, el inquilino de la Casa Blanca persigue forzar la renuncia de su homólogo venezolano, quien asume el cargo tras haber sido democráticamente reelegido en las elecciones de mayo de 2018.
Las autoridades venezolanas, no obstante, han asegurado que las presiones externas nunca lograrán doblegar al país. A este respecto, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció el viernes que EE.UU. con su política de sanciones intenta crear una hambruna en este país y dominar sus recursos, principalmente sus reservas probadas de petróleo que constituyen las más grandes del mundo.
En enero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, destacó una confesión hecha por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de que EE.UU. quiere dar un golpe petrolero en Venezuela.
“Haría una gran diferencia económica para Estados Unidos si conseguimos que empresas estadounidenses inviertan y participen en el desarrollo de las capacidades petroleras de Venezuela”, dijo en ese entonces Bolton.
El impacto real de los embargos norteamericanos
Conforme a un reciente estudio elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachsen, las medidas punitivas económicas de EE.UU. contra Venezuela han ocasionado la muerte de unos 40 000 venezolanos en los últimos dos años.
El reporte indica que las sanciones han reducido la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos tengan acceso a los alimentos y medicamentos necesarios, lo que ha incrementado las tasas de enfermedad y mortalidad en el país sudamericano.
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Las sanciones norteamericanas también han apuntado contra la criptomoneda venezolana, el Petro, puesto que Washington ha prohibido a toda persona o entidad estadounidense transar con cualquier moneda digital venezolana.
El Gobierno de Trump asimismo ha tratado de clausurar todas las fuentes de posible financiamiento de Venezuela y, en esta vía, ha prohibido toda transacción financiera relacionada con el sector aurífero.
El ministro del Poder Popular de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, informó en febrero pasado que la “agresión económica” de EE.UU. había infligido una pérdida de 38 000 millones de dólares al país suramericano.
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