El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, anunció que Washington ha tomado esa decisión bajo el alegato de que Manama ha tenido “progresos significativos” en el terreno de los derechos humanos.
Si bien no creemos que la situación de los derechos humanos en Baréin sea adecuada (...) pensamos que es importante reconocer que el Gobierno ha hecho algunos progresos significativos en reformas de derechos humanos y hacia una reconciliación", agregó Kirby.
“Si bien no creemos que la situación de los derechos humanos en Bahréin sea adecuada (...) pensamos que es importante reconocer que el Gobierno ha hecho algunos progresos significativos en reformas de derechos humanos y hacia una reconciliación”, agregó Kirby.
Además señaló que Estados Unidos “mantendrá restricciones a la venta de seguridad para el Ministerio del Interior” sin especificar qué tipo de armamento o de equipamiento se transferirá a Baréin, el pequeño país del Golfo Pérsico que acoge a la V Flota de EE.UU.
El pasado 25 de junio, el senador demócrata estadounidense Ron Wyden enfatizó que el Departamento de Estado de EE.UU. debe suspender la venta de armas a Baréin, hasta que Manama ponga fin a la opresión de manifestantes pacíficos.
Desde el inicio de la revolución bareiní en febrero de 2011, el régimen de Al Jalifa ha encarcelado sin juicio a centenares de activistas que criticaron la situación de los derechos humanos de su país.

Aún así, el pueblo ha mostrado que no tiene miedo a la fuerte represión ejercida por las fuerzas de seguridad y sigue luchando en aras de un país más justo y democrático.
Sin embargo, los bareiníes han venido expresando su rechazo a las políticas injerencistas de Estados Unidos y el Reino Unido en el pequeño país del Golfo Pérsico.
En este sentido, un informe publicado por los Comités de Controles de Exportación de Armas de la Cámara de los Comunes (CAEC, por sus siglas en inglés) reveló en marzo que el Gobierno del Reino Unido, aliado de EE.UU., concedió licencias de venta de armas por valor de 5 mil millones de libras esterlinas a un gran número de países violadores de los derechos humanos, entre ellos Baréin, Catar y Arabia Saudí.
Desde febrero de 2011, los bareiníes protagonizan manifestaciones casi diarias contra la monarquía Al Jalifa, para reclamar, entre otros, el fin del monopolio de poder y la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente.
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