“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, aseguró el miércoles el secretario general de la oenegé AI, Salil Shetty, durante la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Shetty denunció que los grupos paramilitares están operando en varias regiones con el apoyo de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas y alertó sobre la necesidad de que el Gobierno proteja a la población civil y cumpla lo acordado con la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para lograr una paz total y estable.
Si el Gobierno colombiano no utiliza el acuerdo de paz para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados, “el futuro seguirá siendo sombrío”, agregó el funcionario de AI.
Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, aseguró el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
El máximo líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’ expresó el viernes pasado su preocupación por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de paz y pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que proteja el acuerdo.
Asimismo, el excomandante guerillero envió una carta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que propone una reunión urgente para hallar la fórmula a fin de cuidar, construir y consolidar la paz que “con tantas dificultades” se selló en La Habana, capital cubana.
Aunque las FARC desalojaron extensas zonas selváticas y montañosas que controlaban por años, el Gobierno no las ocupó de inmediato lo que permitió que otros grupos armados se lanzaran en un disputa por el dominio territorial de regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
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