Un documento presentado el viernes por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) durante una manifestación, exigió a la Asamblea Legislativa local que se cancele “cualquier plan dirigido a remilitarizar al país”, según el comunicado emitido por la portavoz alterna de esa organización en la Cámara de Representantes local, Adriana Gutiérre.
La solicitud se produce después de la orden de EE.UU. para desplegar 10 aviones de combate F-35 en una base aérea de Puerto Rico para realizar supuestamente operaciones contra los cárteles de la droga.
Estos cazas se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el sur del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. El despliegue se lleva a cabo en paralelo a las crecientes amenazas de la administración de Donald Trump contra la soberanía de Venezuela.
🇵🇷🪧 Puertorriqueños vuelven a las calles para exigir su independencia de EEUU
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 1, 2025
Miles de personas protestaron en la ciudad de San Juan para demandar la autodeterminación de la isla, que depende de Washington desde 1898.
Miembros de organizaciones civiles y colectivos de lucha… pic.twitter.com/X67Id5IBUy
“Es el saldo de ser una colonia de Estados Unidos”, aseveró el senador del PIP Adrián González, considerando que guardar silencio o respaldar las operaciones militares es “dar la espalda a nuestros compatriotas y legitimar el sistema colonial que nos lleva oprimiendo por tantos años”.
Según fuentes locales, más de 3000 personas se han movilizado en la capital de Puerto Rico, San Juan, para exigir el fin del sistema colonial de EE.UU. sobre Puerto Rico.
Además, el documento exige el inicio de un proceso de descolonización de Puerto Rico y la limpieza de terrenos contaminados en décadas pasadas durante los ejercicios de guerra celebrados por Estados Unidos.
El pasado martes, la Guardia Nacional de Puerto Rico pidió calma a la ciudadanía, en tanto la gobernadora Jenniffer Gonnzález dijo que no existe ninguna declaración oficial para reactivar alguna base o prácticas militares en las islas boricuas de Vieques y Culebra.
Aunque el estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado permite cierta autonomía, un Gobierno y Parlamento locales, ámbitos como la defensa, fronteras y relaciones diplomáticas permanecen bajo el control de Washington.
Previamente, el despliegue militar de la Marina de EE.UU. en aguas del Caribe y frente a las costas de Venezuela, bajo el mismo pretexto de la lucha contra presuntos narcotraficantes, ha sido rechazado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por poner en peligro la paz y la seguridad de la región.
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han ido en aumento tras el despliegue de más de 4000 infantes de Marina adicionales en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela con el supuesto objetivo de enfrentar a los cárteles de la droga, aunque se sabe que el 90 % de estas drogas llega a EE.UU. a través del océano Pacífico.
La situación escaló aún más, cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Estados Unidos está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, acusando al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser un “cartel narcoterrorista”.
El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la acusación de narcotráfico, advirtiendo sobre intentos de Washington de utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como pretexto para “agredir” a Venezuela.
De este modo, Caracas ha activado un despliegue nacional de la Milicia Bolivariana para fortalecer la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.
Por su parte, los países latinoamericanos como Cuba, México, Colombia y también —principales aliados internacionales del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro— China, Rusia e Irán, manifestaron su rechazo a la injerencia estadounidense y reiteraron su respaldo al país bolivariano.
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