Entre las medidas, Rousseff planea impulsar una profunda reforma política que incluye la prohibición a empresas de financiar a candidatos o partidos en las elecciones.
“El Gobierno está atento y dispuesto, como siempre estuvo, a escuchar la voz de las calles (...) Estamos abiertos a escuchar propuestas, tanto de los que defienden al Gobierno como de los que lo critican”, manifestó Cardozo en una rueda de prensa.
De acuerdo con el ministro, las movilizaciones de la oposición (este domingo) y de los partidarios del Gobierno de Rousseff (el viernes) ponen de manifiesto la exigencia de combatir la corrupción y la impunidad, por lo que la mandataria dispondrá un conjunto de medidas contra estas lacras.
Entre las medidas, adelantó Cardozo, la jefa de Estado planea impulsar una profunda reforma política que incluye la prohibición a empresas de financiar a candidatos o partidos en las elecciones.
"Es necesario un cambio en nuestro sistema político-electoral, que a nuestro juicio es la puerta de entrada principal para la corrupción. No es posible seguir con los financiamientos de empresas a las campañas electorales: hay que cerrar de inmediato esta puerta de entrada para la corrupción", enfatizó.
Al evaluar la masiva protesta de este domingo en la que más 1,5 millones de personas han pedido la destitución de la mandataria, Cardozo aseguró que esta manifestación no debilita al gobierno de Rousseff, quien conquistó la reelección en octubre e inició su segundo mandato el 1 de enero pasado.
"Una persona que hace cinco meses recibió casi 55 millones de votos no puede estar frágil. Las protestas no revelan una fragilidad del gobierno, sino que nuestras instituciones son capaces de absorber manifestaciones contrarias", indicó Cardozo.
Por su parte, el jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Miguel Rossetto, que también atendió las preguntas de los periodistas, aceptando la protesta como un acto legitimo, expresó su rotundo rechazo al golpismo, al aludir a las pancartas que demandaban una intervención militar o un juicio político del Congreso contra la mandataria.
"La consciencia democrática rechaza cualquier actitud golpista y autoritaria. No tengo duda alguna del rechazo de la sociedad brasileña a esas manifestaciones autoritarias, fascistas y reaccionarias que todavía existen en nuestra sociedad", expresó Rossetto.
Desde finales de marzo de 2014, cuando se destapó una trama millonaria de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras, el Gobierno de Rousseff se ha visto afectado pues autoridades, algunas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), están involucrados en el desvíos de fondos y los sobornos en este caso.
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