El máximo representante de los diputados declaró que existían varias acusaciones contra Rousseff que no reunían los requisitos exigidos por la ley.
En este sentido, los legisladores aliados del Gobierno se pronunciaron contra Cuncha por haber dicho que no es capaz de decidir sobre la responsabilidad de un presidente en los actos cometidos en un mandato anterior.
Según Cuncha, la oposición puede demandar la instalación de una comisión especial para analizar la presunta responsabilidad de Rousseff en las irregularidades ocurridas a lo largo de su mandato anterior (2011-2014), aún si rechaza los reclamos de enjuiciamiento de la presidenta brasileña.
A su vez, el líder del Senado, Renan Calheiros, decidió posponer la votación de vetos presidenciales.
Rousseff sancionó una reforma electoral legislativa, pero vetó el artículo que autoriza las contribuciones de empresas a las agrupaciones políticas.
Con esta reforma, la mandataria de Brasil planea prescindir del hombre fuerte de su Gabinete, Aloízio Mercadante, como parte de la reforma ministerial, para poder cambiar la imagen del Gobierno y bajar el tono a los pedidos de juicio político.
Además, en la citada reforma, se separan 10 de los 39 ministerios de los partidos que componen su Gabinete.
Respecto a su posible visita a los juzgados, la dignataria brasileña declaró que recurriría al Supremo Tribunal Federal en el caso de que los legisladores consiguieran los votos necesarios para iniciar un juicio político en su contra.
El pasado 25 de septiembre, Cuncha había anunciado que existían varios pedidos, presentados por la oposición, para someter a un juicio político a la mandataria brasileña, acto criticado por los diputados del Partido de los Trabajadores (PT, oficialista) y de Comunista do Brasil (PCdoB).
Los diputados de cuatro de los más importantes partidos de la oposición brasileña —Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Solidaridad (SD) y Demócratas (DEM)— conformaron el 10 de septiembre un movimiento a favor de un juicio político contra la presidenta del país por la crisis política y económica.
Los diputados anunciaron tener el 80 % de los votos necesarios para proponer un proceso de destitución contra Rousseff por su supuesta responsabilidad en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
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