“Se está ordenando la nulidad de la sentencia, la absolución de la señora Áñez y el correspondiente mandamiento de libertad”, ha informado este miércoles el magistrado Carlos Ortega, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ).
En este contexto, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha aseverado que la decisión se adoptó con base en el “principio de retroactividad” de la ley, puesto que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió modificaciones posteriores.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba, a base de algunos argumentos, como ser la retroactividad de la ley, toda vez que se modificó en su oportunidad el tipo penal en relación con las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, ha apostillado.
Áñez supera el último obstáculo para liberación
Según los medios locales, esta condena era el último obstáculo judicial que tenía pendiente la expresidenta de facto para conseguir su liberación, debido a que en otras causas ya había conseguido el beneficio.
Saucedo también ha declarado que la orden de libertad será efectiva “en el día”, siempre y cuando no existan otros casos pendientes que mantengan a la también exsenadora detenida.
En junio de 2022, Áñez fue condenada a 10 años de prisión por delitos relacionados con su proclamación como mandataria en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales.
¿Qué pasó en 2019 en Bolivia?
Tras el triunfo del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, en las elecciones del 2019, la oposición no aceptó el resultado e inició una serie de protestas con el apoyo de jefes policiales y militares, por lo que el mandatario renunció para evitar actos de violencia y terrorismo en las calles del país.
En esa coyuntura, la senadora opositora Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y la respuesta fue una brutal represión.
A lo largo de estas manifestaciones, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los activistas y, en concreto, durante las masacres en Sacaba y Senkata los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, que causaron la muerte de al menos 18 simpatizantes de Morales.
Además, Áñez emitió un decreto que exime de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que repriman las protestas contra el golpe de Estado.
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