El Legislativo, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), censuró al titular de Defensa por negarse repetidamente a concurrir a una interpelación para informar sobre los operativos policiales-militares que dejaron cientos de heridos y 19 muertos en Sacaba, Cochabamba y Senkata, en El Alto, tras la dimisión del presidente, Evo Morales en noviembre pasado.
La presidenta del Parlamento, Eva Copa, subrayó que la censura implica la destitución del ministro según manda la Constitución Política del Estado.
López Julio presentó una excusa para su ausencia alegando que cumplía actividades oficiales en un puesto militar de acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná, en el extremo suroriental del país andino, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma ya que era la tercera vez que el ministro no se presentaba a una convocatoria.
“Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata”, argumentó Copa.
#AHORA | Por más de dos tercios la #ALP aprueba la censura del ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, tras inasistencia de esta autoridad al acto de interpelación por tercera vez consecutiva. En cumplimiento del Artículo 158 de la #CPE, López deberá ser destituido. pic.twitter.com/ZTDgqp1FYk
— Vicepresidencia de Bolivia (@VPEP_Bol) March 7, 2020
Copa también adelantó que, para los próximos días, están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Comunicación, Isabel Fernández; y de Obras Públicas, Iván Arias.
Morales renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre tras una ola de protestas protagonizadas por la oposición, que desconoció su reelección en los comicios presidenciales del 20 de octubre, para, como explicó el exmandatario, evitar un “baño de sangre”, lo que provocó masivas protestas de sus partidarios exigiendo su regreso y la salida del gobierno de facto.
Durante las masacres perpetradas por la Policía boliviana en Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, perdieron la vida al menos 18 seguidores de Morales.
El gobierno de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, firmó en diciembre de 2019 un decreto para indemnizar a los familiares de las personas muertas y heridas durante el conflicto político en el país andino.
No obstante, los familiares de las víctimas mortales en Senkata han rechazado la indemnización, pues consideran que es un “expreso chantaje” porque, de aceptarlo, les cerraría la posibilidad de poder reclamar una investigación a instancias internacionales.
Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han denunciado que la violencia en el país andino constituye una violación a los derechos humanos.
lvs/ncl/rba
