• Gobierno de facto despliega efectivos del Ejército cerca de la planta de combustible de Senkata, en El Alto, 20 de noviembre de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: domingo, 19 de enero de 2020 19:03

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, arremete contra el gobierno de facto por los actos violentos y la represión, recordando la matanza en Senkata.

El dirigente indígena ha denunciado este domingo el asesinato de sus partidarios por la Policía y el Ejército cuando el 19 de noviembre de 2019 se manifestaban en los alrededores de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata (El Alto), contra el autoproclamado gobierno.

El enfrentamiento se saldó con 10 muertos y 40 heridos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tachó de “trágico suceso” lo ocurrido.

Morales ha censurado en su cuenta de Twitter que dicha actuación haya quedado impune y el gobierno de facto no haya realizado ninguna investigación tras dos meses.

Morales: Las represiones en Bolivia serán alcanzadas por la justicia

A dos meses de la masacre de Senkata continuamos denunciando al gobierno de facto de Bolivia que asesinó a mis hermanos de El Alto. Tantas familias destruidas que han perdido a un ser querido y ni un solo detenido ni investigado. No hay jueces ni fiscales para los humildes”, ha criticado.

 

El gobierno de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, firmó en diciembre de 2019 un decreto para indemnizar a los familiares de las personas muertas y heridas durante el conflicto político en el país andino.

No obstante, los familiares de las víctimas mortales en Senkata han rechazado la indemnización, pues consideran que es un “expreso chantaje” porque, de aceptarlo, les cerraría la posibilidad de poder reclamar una investigación a instancias internacionales.

Senkata no fue la única zona en la que se registraron hechos mortales. La Zona Sur – Pedregal (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) también fueron escenario de actos violentos que acabaron con derramamiento de sangre después de la renuncia –el 10 de noviembre de 2019– de Morales a la Presidencia de Bolivia, justamente aduciendo su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país tras semanas de enfrentamientos y ataques contra sus simpatizantes. 

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han denunciado que la violencia en el país andino constituye una violación a los derechos humanos

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