“Desde que Jeanine Áñez asumió el cargo como presidenta interina (en Bolivia), el gobierno adopta y anuncia medidas alarmantes. Van en contra de los estándares de los derechos humanos fundamentales”, reseña un comunicado de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicado el martes.
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HRW condena de esta manera el decreto del gobierno de facto de Áñez que exime a las fuerzas militares de responsabilidad penal, y advierte de que esta medida permite la impunidad a los abusos de efectivos de seguridad durante las operaciones de control de las manifestaciones. La oenegé también rechaza la decisión del gobierno impuesto en Bolivia de juzgar a periodistas y antiguos responsables de alto rango por supuestos actos de “sedición”.
Tales medidas son como dar a las fuerzas armadas un cheque en blanco “para cometer abusos en lugar de trabajar para restaurar el estado de derecho en el país”, aseguró José Miguel Vivanco, el director de HRW para las Américas.
Desde que Jeanine Áñez asumió el cargo como presidenta interina (en Bolivia), el gobierno adopta y anuncia medidas alarmantes. Van en contra de los estándares de los derechos humanos fundamentales”, denuncia la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Vivanco también en su nota llama a las autoridades del gobierno de Áñez a dejar de acosar a los periodistas y los partidarios del dimitido presidente boliviano, Evo Morales, y destaca que lo esencial ahora es garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos entre los militares y los manifestantes.
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Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional (AI) ha condenado la violación de los DD.HH. en Bolivia, y ha exigido la inmediata derogación del decreto que da impunidad a los militares. “La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, ha expresado la directora de la AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.
En lo que se considera un golpe de Estado, Morales renunció al cargo el pasado 10 de noviembre para “preservar la paz en su país”, tras ataques de la oposición contra las autoridades del Estado y partidarios del entonces mandatario indígena. Dos días después, Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia.
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Diversos colectivos sociales bolivianos, en particular los indígenas, rechazan el gobierno impuesto de Áñez, y se mantienen en las calles para demandar la celebración de elecciones generales y el restablecimiento del hilo constitucional.
Pero, las fuerzas policiales y militares reprimen las marchas, lo que ha dejado hasta el momento 24 muertos, 715 heridos y 50 detenidos, según ha confirmado la Defensoría del Pueblo del país andino.
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