“El Gobierno saudí utiliza el Tribunal Penal Especializado para envolver en un falso halo de legalidad su uso indebido de la legislación antiterrorista para silenciar a quienes lo critican”, así ha advertido la directora de AI para Oriente Medio (oeste de Asia), Heba Morayef, en un informe publicado este jueves.
El Tribunal Penal Especializado fue establecido inicialmente en el reino árabe para tratar casos en torno al terrorismo; sin embargo, una ley que definía acciones contra “difamar la reputación del Estado” como terrorismo, está condenando a los disidentes y activistas pro derechos humanos que se manifiestan contra las políticas de la monarquía Al Saud.
En su informe denominado ‘Silenciar las voces críticas’, la organización pro derechos humanos AI ha remarcado que el citado tribunal saudí y sus leyes antiterroristas fueron establecidos para penalizar la “expresión pacífica de opiniones” y enjuiciar “sistemáticamente” a los acusados por “cargos imprecisos”.
“Prácticamente todas las voces independientes de Arabia Saudí (...) están entre rejas cumpliendo largas penas dictadas por el Tribunal Penal Especializado y otros tribunales desde 2011, o continúan sometidas a juicio”, señala el comunicado de la oenegé.
En otra parte de su nota, la AI ha manifestado su alta preocupación por la situación de los disidentes de la minoría chií en este país árabe, la mayoría de los cuales corre peligro de ejecución “inminente” tras ser sometidos a procesos “manifiestamente injustos”.
“Al menos 28 personas de la minoría chií del país han sido ejecutadas desde 2016, muchas de ellas tras ser condenadas a muerte por este tribunal basándose exclusivamente en confesiones obtenidas mediante tortura”, ha lamentado la organización pro DD.HH., refiriéndose así a la ejecución del prominente clérigo chií el sheij Nimr Baqer al-Nimr hace cuatro años
De acuerdo con el documento, los cargos más comunes utilizados para condenar a los disidentes incluyen “desobedecer al gobernante”, “cuestionar la integridad de funcionarios y del sistema judicial”, “incitar a alterar el orden público convocando manifestaciones” y “formar una organización no autorizada”.
Destaca también que, pese al nombramiento del príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, y sus promesas de reformas, el régimen saudí ha desatado “una intensa campaña de represión” contra los activistas los defensores de los derechos humanos.
En reiteradas ocasiones, diferentes oenegés y organizaciones pro derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), han advertido sobre el aumento exponencial de la represión, el arresto y la encarcelación de activistas en Arabia Saudí a los que las autoridades, además, someten a brutales torturas, agresiones sexuales incluidas.
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