Por: Maryam Qarehgozlou
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el viernes que Zubayr al-Bakoush, sospechoso del ataque de 2012 contra la embajada estadounidense en Bengasi, Libia, ha sido arrestado y trasladado a Estados Unidos.
Bondi afirmó que Al-Bakoush desempeñó un papel central en el ataque que causó la muerte de cuatro estadounidenses y que enfrentará cargos que incluyen asesinato, incendio provocado y delitos relacionados con el terrorismo.
Se trata del tercer individuo acusado penalmente en relación con el ataque de Bengasi.
Otros dos —Ahmed Abu Khatallah y Mustafa al-Imam— cumplen actualmente largas condenas de prisión, mientras que otro sospechoso, Ali Awni al-Harzi, murió en un ataque aéreo estadounidense en Irak en 2015.
Según Jeanine Pirro, principal fiscal federal del Distrito de Columbia, Al-Bakoush enfrenta una acusación formal de ocho cargos, entre ellos asesinato, intento de asesinato, incendio provocado y conspiración para apoyar el terrorismo.
Tras el arresto de Al-Bakoush, el director del FBI, Kash Patel, declaró que matar a un ciudadano estadounidense constituye un acto de terrorismo y que los responsables serán procesados en Estados Unidos.
“Estoy profundamente agradecido a la CIA y a su director [John] Ratcliffe, así como a nuestros demás socios en la aplicación de la ley, por garantizar que el mundo sepa que, si se asesina a un ciudadano estadounidense en un acto de terrorismo, iremos tras ustedes, los llevaremos ante la justicia y enfrentarán la justicia aquí en Estados Unidos, no en otro tribunal ni en ningún otro procedimiento en el mundo, sino aquí”, afirmó.
Después de que Patel compartiera un video de sus declaraciones en X, anteriormente Twitter, los usuarios señalaron rápidamente una excepción flagrante: el régimen israelí.
Desde Rachel Corrie, aplastada por una excavadora militar israelí en 2003, hasta Khamis al-ayyad, quien murió por inhalación de humo durante un ataque incendiario perpetrado por colonos en 2025, al menos trece ciudadanos estadounidenses han sido asesinados por fuerzas del régimen israelí en las últimas dos décadas.
Entre las víctimas se encuentran periodistas que informaban desde el terreno, trabajadores humanitarios que distribuían alimentos, activistas por la paz que protestaban contra demoliciones de viviendas, adolescentes abatidos en puestos de control y un abuelo de 78 años detenido y abandonado a morir.
Sin embargo, en los casos que involucran a fuerzas israelíes, el gobierno estadounidense ha deferido sistemáticamente a investigaciones militares israelíes, pesquisas que organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace tiempo como encubrimientos.
Grupos defensores de derechos humanos han documentado reiteradamente que las fuerzas de ocupación israelíes casi nunca rinden cuentas dentro del sistema legal del régimen cuando matan o causan graves daños a palestinos.
Hasta la fecha, nadie ha sido acusado ni responsabilizado por la muerte de ningún ciudadano estadounidense a manos de fuerzas israelíes, y las sucesivas administraciones estadounidenses han optado por no abordar el asunto.
La ciudadanía estadounidense, según activistas, no ofrece protección frente a la violencia ejercida por el régimen israelí, ni garantiza justicia cuando esa violencia resulta mortal.
Tampoco los palestino-estadounidenses son los únicos en riesgo. Varios ciudadanos estadounidenses no palestinos también han sido objeto de fuerza letal por parte de fuerzas israelíes y colonos ilegales en territorio palestino.
Durante décadas, Washington ha protegido a Israel del escrutinio internacional. Nunca ha abordado seriamente el cúmulo de pruebas sobre las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de Israel, incluida la muerte de ciudadanos estadounidenses.
El registro acumulado sugiere que Estados Unidos prioriza su relación estratégica con Israel por encima de la vida y los derechos de sus propios ciudadanos, como señalan activistas.
A continuación, se presentan los nombres, las historias y las circunstancias de ciudadanos estadounidenses asesinados por fuerzas israelíes, así como la absoluta ausencia de rendición de cuentas que siguió.
Rachel Corrie
El 16 de marzo de 2003, una excavadora militar israelí aplastó hasta la muerte a la activista pacifista estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, mientras intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas en Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
Llevaba un chaleco fluorescente claramente identificable cuando fue atacada.
Corrie creció en Olympia, Washington. Durante la universidad se unió al Movimiento de Olympia por la Justicia y la Paz (OMJP, por sus siglas en inglés) y posteriormente al Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés).
Viajó a Rafah en enero de 2003 y recibió dos días de formación en resistencia no violenta para colaborar en las actividades del ISM.
Corrie quedó horrorizada por lo que presenció en Gaza: demoliciones generalizadas de viviendas, detenciones arbitrarias y asesinatos cotidianos.
En una entrevista concedida apenas días antes de su muerte, declaró: “Siento que lo que estoy presenciando aquí es una destrucción muy sistemática de la capacidad de las personas para sobrevivir. Y eso es profundamente aterrador”.
También documentó sus vivencias en cartas y correos electrónicos a su familia.
En uno de ellos escribió: “Ahora el ejército israelí ha excavado literalmente la carretera hacia Gaza, y ambos puestos de control principales están cerrados. Esto significa que los palestinos que quieren ir a inscribirse para el próximo trimestre en la universidad no pueden hacerlo. La gente no puede ir a sus trabajos, y quienes están atrapados al otro lado no pueden volver a casa; y los internacionales, que tienen una reunión mañana en Cisjordania, no llegarán”.
Una investigación militar israelí en 2003 exoneró a sus fuerzas de responsabilidad, culpando a Corrie de su propia muerte y alegando que los operadores de la excavadora no la vieron. El ejército se negó a divulgar pruebas clave.
En 2012, un tribunal israelí ampliamente cuestionado dictaminó que Israel no tenía culpa, rechazando una demanda civil por negligencia presentada por los padres de Corrie contra el Ministerio israelí de Asuntos Militares.
El Tribunal Supremo israelí confirmó el fallo en 2015. El gobierno estadounidense se limitó a criticar la investigación, pero se negó a adoptar medidas concretas para garantizar justicia y rendición de cuentas.
Furkan Dogan
Furkan Dogan tenía solo 19 años cuando fuerzas israelíes lo mataron el 31 de mayo de 2010 durante el ataque al Mavi Marmara, un barco humanitario turco que navegaba en aguas internacionales.
El Mavi Marmara era la mayor embarcación de una flotilla de seis barcos que intentaba llevar alimentos, medicinas y material escolar a la Gaza sitiada por Israel.
Dogan estaba filmando el asalto militar israelí cuando un comando israelí le disparó a quemarropa en el rostro. Cuatro balas adicionales fueron disparadas contra su cuerpo, dejándolo muerto y gravemente desfigurado.
Fue uno de los diez civiles asesinados en el ataque, todos ellos ciudadanos turcos.
Dogan era estudiante de secundaria en ciencias sociales en Kayseri, Turquía. Nació en Troy, Nueva York, y se trasladó a Turquía a los dos años.
El gobierno estadounidense desestimó el asesinato, bloqueó los esfuerzos para una investigación independiente y aceptó las conclusiones de una indagación israelí que no halló irregularidades por parte de los soldados implicados.
En 2015, los padres de Dogan presentaron una demanda en California, al amparo del el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS, por sus siglas en inglés) y el Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), contra Ehud Barak, exministro israelí de asuntos militares.
En 2016, un tribunal federal de distrito desestimó las reclamaciones por ejecución extrajudicial y tortura, pese a los hallazgos de la Corte Penal Internacional (CPI) que concluían que se habían cometido crímenes de guerra durante el asalto.
La desestimación se produjo tras una solicitud formal del régimen israelí instando al Departamento de Estado de EE.UU. a presentar una “sugerencia de inmunidad” en favor de Barak. Washington accedió.
Casi tres años después, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó el recurso, fallando a favor de Barak.
Orwah Hammad
Orwah Hammad, un palestino-estadounidense de 14 años de Nueva Orleans, Luisiana, fue asesinado por fuerzas israelíes el 24 de octubre de 2014 en la localidad de Silwad, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Hammad recibió disparos en el cuello y la cabeza durante una manifestación que protestaba por la muerte de otro palestino ocurrida esa misma semana.
El Departamento de Estado de EE. UU. pidió una “investigación rápida y transparente” sobre su muerte y expresó una preocupación moderada, pero finalmente no tomó ninguna medida.
El ejército israelí anunció que investigaría el tiroteo. Posteriormente, los soldados justificaron la muerte alegando que Hammad estaba armado, aunque no se aportaron pruebas.
Una investigación interna israelí exoneró más tarde al ejército de cualquier responsabilidad.
Mahmud Shaalan
Mahmud Shaalan era un estudiante de secundaria de 16 años, nacido y criado en Florida.
El 26 de febrero de 2016, soldados israelíes le dispararon en cuatro ocasiones en un puesto de control cercano al asentamiento de Beit El, próximo a la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Tras dispararle, los soldados despojaron a Shaalan de su ropa, lo dejaron desangrándose en la carretera durante más de dos horas e impidieron que una ambulancia palestina lo trasladara a un hospital.
El ejército israelí afirmó que Shaalan había apuñalado a un soldado y que continuó intentando atacar a otros efectivos incluso después de haber sido herido de bala.
Sin embargo, medios israelíes informaron posteriormente que testigos presenciales dijeron a activistas que Shaalan había recibido disparos por la espalda tras una aparente discusión verbal con soldados en el puesto de control.
Más tarde ese mismo año, las autoridades israelíes informaron a funcionarios estadounidenses que no habían encontrado indicios de conducta criminal por parte de los soldados implicados y que no continuarían con el caso.
El tío de Shaalan, Salman Shaalan, declaró entonces que la administración Obama no había ejercido presión suficiente sobre Israel para llevar a cabo una investigación seria.
Mahmud soñaba con estudiar medicina en la universidad, pero sus aspiraciones quedaron truncadas por la barbarie israelí.
Omar Asad
Omar Asad, un palestino-estadounidense de 78 años, murió el 12 de enero de 2022 tras ser detenido por soldados israelíes en un puesto de control en su aldea natal de Jiljilya, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Según testigos y familiares, Asad fue obligado a salir de su automóvil, amordazado, vendado de los ojos y arrastrado por el suelo. Perdió la capacidad de respuesta, y los soldados lo abandonaron a la intemperie en un sitio en construcción, sin asistencia médica.
Una autopsia concluyó posteriormente que Asad murió de un ataque cardíaco “como consecuencia de la violencia externa a la que fue sometido” por las fuerzas israelíes que lo detuvieron.
Asad había vivido durante cuatro décadas en Milwaukee, Wisconsin, donde crió a sus hijos. En 2009 regresó a Palestina para pasar allí sus últimos años.
Su muerte provocó una condena generalizada. La familia Asad y defensores de los derechos palestinos instaron a la administración Biden a realizar una investigación independiente y a exigir responsabilidades a Israel.
En 2023, el ejército israelí anunció que los soldados implicados habían sido sancionados disciplinariamente, pero que ninguno enfrentaría cargos penales.
En abril de 2024, el Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que estaba considerando imponer sanciones al Batallón Netzah Yehuda, la unidad israelí implicada en la detención de Asad y desde hace tiempo conocida por abusos sistemáticos en Cisjordania.
Sin embargo, casi cuatro meses después, el departamento señaló que el secretario de Estado, Antony Blinken, había determinado que los problemas del batallón habían sido “remediados”, lo que le permitió seguir recibiendo financiación estadounidense.
Shireen Abu Akleh
La veterana periodista palestina Shireen Abu Akleh murió de un disparo en la cabeza el 11 de mayo de 2022 mientras cubría una incursión militar israelí en el campamento de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada.
Después de recibir el disparo, soldados israelíes impidieron que las personas presentes se acercaran a ella, asegurando que se desangrara hasta morir. Abu Akleh vestía un chaleco de prensa claramente identificable y se encontraba junto a un grupo de periodistas cuando fue asesinada a sangre fría.
Testimonios presenciales y pruebas en video demostraron que fue atacada de manera deliberada.
En una entrevista con el sitio web Press TV, Shatha Hanaysha, quien se encontraba con ella en el momento del incidente, lo describió como “la experiencia más dura” de su vida, no porque hubiera estado a punto de morir, sino porque ella y otros jóvenes periodistas palestinos perdieron a su amiga, filósofa y guía.
“Sé quién disparó contra Shireen y quién intentó matarnos al resto: fueron soldados israelíes y nadie más”, declaró la reportera de 29 años a Press TV. “No fue en absoluto un caso de identidad equivocada”.
Inicialmente, el ejército israelí afirmó que los responsables habían sido combatientes palestinos. Más tarde modificó su versión, señalando que Abu Akleh probablemente fue asesinada por soldados israelíes, pero “por error”.
En una medida poco habitual, el gobierno estadounidense anunció que investigaría su muerte, decisión que fue rechazada públicamente por el entonces ministro israelí de asuntos militares, Benny Gantz.
“He transmitido a los representantes estadounidenses que respaldamos a los soldados [israelíes], que no cooperaremos con una investigación externa y que no permitiremos la injerencia en investigaciones internas”, declaró Gantz.
Israel se negó a permitir que investigadores estadounidenses interrogaran al soldado implicado o siquiera a revelar su identidad. Posteriormente, una investigación del periódico The Guardian identificó al soldado, quien más tarde murió en Yenín y fue enterrado como un “héroe”.
La investigación también reveló que otros soldados habían utilizado imágenes de Abu Akleh como blancos para prácticas de tiro.
En julio de 2022, la administración Biden respaldó la versión israelí, afirmando que “no encontró razones para creer” que Abu Akleh hubiera sido atacada de manera intencional.
Sin embargo, en octubre de 2025, el coronel retirado del Ejército de EE.UU. Steve Gabavics, el alto oficial estadounidense que examinó la escena, declaró que ya entonces había concluido que Abu Akleh, pese a llevar claramente un chaleco de prensa, fue asesinada de forma deliberada.
Gabavics afirmó que sus conclusiones fueron suavizadas por razones políticas para evitar dañar las relaciones entre Estados Unidos e Israel.
Tony Abu Akleh, hermano de Shireen, calificó la respuesta de la administración como un “encubrimiento”, señalando que afianzó la impunidad de las fuerzas israelíes y no logró disuadir nuevos asesinatos de periodistas en Gaza.
Tawfiq Ajaq
Tawfiq Ajaq, un palestino-estadounidense de 17 años nacido y criado en Gretna, Luisiana, fue asesinado el 19 de enero de 2024 en la aldea de Al-Mazra’a ash-Sharqiya, en la Cisjordania ocupada.
Ajaq había viajado a Palestina en mayo de 2023 para visitar a su familia cerca de Ramala y “reconectar con sus raíces”.
Según su familia y la organización Defensa Internacional de la Infancia–Palestine (DCI-P, por sus siglas en inglés), Ajaq viajaba en una camioneta con un amigo cerca de una carretera cuando se produjeron disparos.
Los tiros provinieron de un colono israelí que se encontraba en un vehículo a unos 100 metros de distancia. Cuando Ajaq y su amigo intentaron huir, el colono los persiguió.
Posteriormente, un vehículo militar israelí “apareció desde la dirección opuesta” y comenzó a disparar desde una distancia de entre 50 y 70 metros, según documentación de DCI-P.
Mientras Ajaq yacía herido y sangrando, las fuerzas israelíes bloquearon a los equipos de emergencia durante aproximadamente 15 minutos. Más tarde fue trasladado a un hospital en Silwad, donde se confirmó su muerte a causa de una herida de bala en la cabeza.
Las fuerzas israelíes afirmaron que estaban atacando a personas “sospechosas de lanzar piedras a lo largo de la carretera 60”, una versión rechazada por la familia de Ajaq, que aseguró que los adolescentes planeaban una barbacoa.
Ajaq fue el primer ciudadano estadounidense asesinado en Cisjordania desde el inicio de la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 72 000 palestinos.
El Departamento de Estado de EE.UU. pidió “una investigación urgente” y afirmó estar “devastado”.
Funcionarios de la Oficina de Asuntos Palestinos de EE.UU. visitaron a la familia de Ajaq y se comprometieron a presionar a Israel para llevar a cabo una “investigación completa y transparente y llevar al responsable ante la justicia”.
La congresista Rashida Tlaib instó al Departamento de Estado a abrir su propia investigación “sobre el asesinato de otro estadounidense” por parte del régimen israelí.
Aunque Biden emitió una orden ejecutiva el 1 de febrero de 2024 imponiendo sanciones a cuatro colonos israelíes violentos, dicha orden fue derogada por Donald Trump en enero de 2025.
Hasta octubre de 2024, las autoridades israelíes no habían recopilado testimonios de testigos presenciales en el caso de Ajaq. Para julio de 2025, no se habían hecho públicos resultados ni se había imputado a ningún sospechoso.
El tío de Ajaq, Mohammad Abdeljabbar, afirmó que la justicia para los estadounidenses asesinados en Palestina se niega de manera sistemática, citando la falta de voluntad de Washington para presionar a su “aliado inquebrantable”.
“Están utilizando nuestros impuestos en Estados Unidos para financiar las armas con las que matan a nuestros propios hijos”, dijo su padre.
Estudiante de alto rendimiento académico, Ajaq planeaba asistir a la Universidad de Nueva Orleans. Aún no había decidido si estudiaría negocios o ingeniería.
Mohammad Jdour
Menos de un mes después, el 10 de febrero de 2024, Mohammad Jdour, un palestino-estadounidense de 17 años nacido en Florida, fue abatido de un disparo en la cabeza por un soldado israelí.
Jdour fue asesinado al oeste de la localidad palestina de Biddu, al noroeste de Al-Quds ocupada.
Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra el automóvil en el que Mohammad viajaba junto a un familiar en una zona boscosa cercana a la localidad de Qattana. En medio de la ráfaga de disparos, el vehículo volcó mientras intentaba huir.
Mohammad sufrió heridas de bala en la cabeza y fue trasladado en ambulancia al Complejo Médico de Palestina, en Ramala, donde el personal sanitario intentó reanimarlo.
Posteriormente fue declarado muerto.
Según su familia, Jdour y su primo regresaban a casa tras un picnic cuando un hombre armado del lado israelí de una valla fronteriza cercana —a quien describieron como un guardia— abrió fuego contra su vehículo. El primo resultó ileso.
El secretario de Estado Antony Blinken ofreció sus “más profundas condolencias” a las familias de los dos adolescentes palestino-estadounidenses asesinados en Cisjordania ocupada y afirmó que debía llevarse a cabo una investigación sobre sus muertes.
“Hemos dejado claro que, en relación con los incidentes a los que ustedes se refieren, debe haber una investigación. Necesitamos conocer los hechos. Y, si corresponde, debe haber rendición de cuentas”, declaró Blinken en una conferencia de prensa en Albania, en respuesta a una pregunta de CNN.
El tío de Mohammad desestimó la declaración calificándola de retórica vacía. “No necesitamos palabras, hermano. Necesitamos hechos. Queremos ver algo”.
La familia señaló que posteriormente recibió una llamada de un funcionario de la embajada de Estados Unidos, quien les informó que la investigación israelí sobre la muerte de Mohammad estaba en curso.
No se ha hecho ningún anuncio oficial, e Israel no ha informado de la detención de ningún sospechoso.
La familia describió a Mohammad como un adolescente afable que amaba los automóviles. Esperaba terminar la secundaria y luego asistir a la universidad en Estados Unidos para estudiar Derecho.
Jacob Flickinger
Jacob Flickinger, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y canadiense, se encontraba entre los trabajadores humanitarios asesinados el 1 de abril de 2024, cuando fuerzas israelíes bombardearon un convoy de la organización World Central Kitchen en Gaza, en el contexto de la guerra genocida de Israel.
Flickinger, de 33 años, y otros seis cooperantes murieron poco después de haber entregado ayuda alimentaria humanitaria a la población de Gaza.
El ejército israelí pidió disculpas, calificó el ataque de error y prometió una investigación exhaustiva.
Los padres de Flickinger rechazaron la disculpa y describieron la muerte de su hijo como un “crimen”.
John Flickinger y Sylvia Labrecque afirmaron que tenían “un vacío en el corazón” y que la esposa de Jacob, Sandy, y su hijo de 18 meses, Jasper, habían quedado sin esposo ni padre.
John Flickinger señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca se puso en contacto con la familia tras el ataque.
“Es muy frustrante. Es profundamente desalentador… uno pensaría que, siendo ciudadano estadounidense, Estados Unidos mostraría mayor interés en su asesinato”, dijo.
Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi, una mujer turco-estadounidense de 26 años y residente de Seattle, Washington, fue asesinada de un disparo en la cabeza por un francotirador israelí el 6 de septiembre de 2024 en Cisjordania ocupada.
Eygi participaba en una protesta pacífica contra la expansión de asentamientos cerca de Nablus, una ciudad de la Cisjordania ocupada.
Había llegado a Cisjordania apenas tres días antes para realizar labores de voluntariado con comunidades palestinas que enfrentaban violencia por parte de soldados y colonos israelíes.
Una investigación militar israelí concluyó en cuestión de días que era “altamente probable” que Eygi hubiera sido alcanzada “de manera indirecta y no intencional por fuego [del ejército israelí] que no estaba dirigido contra ella”, alegando que los soldados apuntaban a otras personas, supuestamente por lanzar piedras.
Una investigación posterior de The Washington Post determinó que Eygi fue abatida aproximadamente media hora después de que cesaran los enfrentamientos y que se encontraba a unos 200 metros de los soldados israelíes en el momento de su muerte.
Funcionarios estadounidenses calificaron el asesinato como “no provocado e injustificado”, pero, pese a las reiteradas solicitudes de la familia de Eygi, Estados Unidos se negó a abrir su propia investigación.
El gobierno turco investigó el homicidio y concluyó que Eygi había sido “deliberadamente atacada”.
Ankara presentó pruebas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.
La ausencia de rendición de cuentas, afirmó la familia de Eygi, no se debió a falta de esfuerzos.
Cuando la familia se reunió con Blinken en diciembre de 2024, le preguntaron directamente: “¿Qué puede hacer usted?”, recordó el esposo de Eygi, Hamid Ali.
Según él, la respuesta equivalió a “muchos encogimientos de hombros”.
“Él [Blinken] fue muy deferente con los israelíes. Se sintió como si dijera que tenía las manos atadas y que realmente no podían hacer mucho”.
El Departamento de Estado informó a la familia que la apertura de una investigación correspondía al Departamento de Justicia, el cual posteriormente indicó que “examinaría cuidadosamente” la solicitud. Nunca hubo seguimiento alguno.
Amer Rabi
El 6 de abril, cerca de la aldea cisjordana de Turmus Aya —donde muchos residentes poseen ciudadanía estadounidense—, soldados israelíes asesinaron a Amer Rabi, un palestino-estadounidense de 14 años nacido en Nueva Jersey.
Según su familia, las fuerzas del régimen israelí entregaron horas después el cuerpo desnudo y acribillado de Amer en una bolsa mortuoria azul.
Amer había recibido al menos 11 disparos, afirmó su padre, Mohammed Rabi.
Fotografías tomadas con un teléfono móvil por un amigo de la familia que los acompañó a recuperar el cuerpo parecían mostrar múltiples heridas de entrada, incluida una en el centro de la frente y otras en el cuello y la parte superior del torso.
El ejército israelí alegó que Amer y dos amigos lanzaban piedras contra una carretera y calificó a los niños de “terroristas”, afirmando que los soldados habían “neutralizado” a uno y disparado contra los demás.
La familia de Amer y uno de los niños sobrevivientes rechazaron esa versión, señalando que los menores estaban recogiendo almendras y lanzándose almendras secas en tono de broma.
Incluso si se hubieran arrojado piedras, sostuvo Rabi, los soldados podrían haber efectuado disparos de advertencia o detenido a los niños.
“Tenía 14 años”, dijo. “No se necesita entrenamiento especial para atrapar a un niño pequeño”.
En ese momento, los senadores estadounidenses Andy Kim y Cory Booker pidieron una investigación liderada por Estados Unidos sobre la muerte de Amer, pero la administración Trump se negó a comprometerse con tal medida.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró en una rueda de prensa en abril que el ejército israelí creía haber impedido un acto de terrorismo.
“Necesitamos conocer mejor la naturaleza de lo ocurrido sobre el terreno”, añadió.
Sayfolá Musallet
El 11 de julio de 2025, Sayfolá Musallet, un palestino-estadounidense de 20 años originario de Florida, fue golpeado hasta la muerte por colonos israelíes ilegales mientras visitaba a familiares en su aldea, cerca de Al-Quds ocupada.
El ataque tuvo lugar en tierras pertenecientes a la granja de su familia.
Según testigos y familiares, soldados israelíes bloquearon durante tres horas el acceso de ambulancias a Musallet.
Durante ese tiempo, Sayfolá —conocido como Saif por su familia— permaneció consciente, jadeando y vomitando, mientras era sostenido en brazos por su hermano menor.
Otro joven, Razek Husein al-Shalabi, de 23 años, fue baleado durante el mismo ataque y quedó desangrándose hasta morir. Cuando finalmente llegaron las ambulancias, los colonos agredieron al personal médico.
Saif fue declarado muerto antes de llegar al hospital. Murió en brazos de su hermano.
El ejército israelí afirmó que el incidente comenzó tras el lanzamiento de piedras contra colonos israelíes y aseguró que estaba investigando el ataque.
Para la familia de Musallet, la devastación se ha visto agravada por lo que describen como la indiferencia del gobierno estadounidense ante la muerte de un ciudadano de Estados Unidos.
Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en los territorios ocupados por Israel, instó a Israel a investigar el homicidio, pero no ofreció apoyo público alguno a la familia.
La familia es plenamente consciente de que la detención y el enjuiciamiento de colonos violentos son poco frecuentes, especialmente tras la revocación por parte de la administración Trump de las sanciones impuestas en la era Biden contra grupos de colonos israelíes por ataques a palestinos en Cisjordania ocupada.
Pese a este historial, la familia Musallet ha solicitado al Departamento de Estado de EE.UU. que abra su propia investigación sobre la muerte de Saif. No ha habido seguimiento alguno.
El asesinato no fue la única tragedia para la familia.
El primo de Saif, Mohammed Zaher Ibrahim, de 16 años —también ciudadano estadounidense—, ha permanecido detenido durante meses en la prisión israelí de Megiddo. Su familia afirma que ha sido acusado de lanzar piedras, acusación que rechazan.
Sostienen que ha perdido casi 14 kilos y ha desarrollado una grave infección cutánea durante su encarcelamiento, sin que se le permitan visitas familiares ni llamadas telefónicas.
Jamis al-Ayyad
Jamis al-Ayyad, un padre de cinco hijos de 40 años y residente de Chicago, murió por inhalación de humo el 31 de julio de 2025, después de que colonos israelíes atacaran la localidad de Silwad, al este de Ramala.
El asalto tuvo lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando aproximadamente diez colonos incendiaron viviendas y vehículos.
Los residentes salieron apresuradamente para sofocar las llamas, pero se encontraron con gases lacrimógenos disparados por soldados israelíes, según el alcalde de Silwad, Raed Hamed.
El ejército israelí reconoció que el ataque había ocurrido, pero afirmó que no había podido identificar a ningún sospechoso. La policía israelí indicó que se había abierto una investigación.
Nadie ha rendido cuentas por la muerte de Al-Ayyad.
“El gobierno debería proteger a los ciudadanos; eso es lo que está escrito en el pasaporte estadounidense. ¿Por qué no hacen nada cuando se trata de sus propios ciudadanos que viven en Cisjordania?”, declaró el hermano de Al-Ayyad, Anas al-Ayyad, de 39 años.
Al-Ayyad fue el último palestino-estadounidense asesinado en la Cisjordania ocupada. Desde el 7 de octubre de 2023, cinco ciudadanos estadounidenses han muerto allí, siendo Al-Ayyad el segundo solo en el mes de julio.
Estas muertes se han producido en medio de un aumento de la violencia en la Cisjordania ocupada, donde más de 1000 palestinos han sido asesinados por soldados y colonos israelíes desde el inicio de la guerra de Israel contra Gaza.
El senador Chris Van Hollen afirmó que la derogación por parte de la administración Trump de las sanciones estadounidenses contra colonos israelíes violentos ha “enviado el mensaje de que
“La rendición de cuentas nunca llega”
La legislación estadounidense es inequívoca: toda ejecución extrajudicial probada debería dar lugar a la suspensión de la asistencia militar y financiera de Estados Unidos a la unidad responsable.
Diversas disposiciones legales, incluida la Ley Leahy, prohíben a Estados Unidos proporcionar ayuda militar a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en violaciones graves de los derechos humanos.
Sin embargo, pese a la amplia documentación de aparentes ejecuciones extrajudiciales y abusos sistemáticos en el territorio palestino ocupado, Israel continúa recibiendo miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense cada año.
En octubre, DAWN, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que trabaja para reformar la política estadounidense en Asia Occidental y el Norte de África y para exigir responsabilidades a violadores de derechos humanos, instó al Congreso a presentar una resolución en virtud de la Sección 502B(c) de la Ley de Asistencia Exterior.
Dicha resolución obligaría al Departamento de Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a emitir un informe sobre la muerte de trece ciudadanos estadounidenses a manos de fuerzas y colonos israelíes desde 2003.
“El Congreso debería obligar al Departamento de Estado a investigar y a informar sobre estos asesinatos estremecedores de estadounidenses a manos de fuerzas israelíes, por los cuales ni una sola persona ha sido responsabilizada”, declaró Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de DAWN.
“Cuando fuerzas israelíes matan a trece estadounidenses —incluido un abuelo de 78 años, adolescentes, una periodista de reconocido prestigio y trabajadores humanitarios— a lo largo de dos décadas y nadie rinde cuentas, no se trata de una serie de accidentes trágicos: es impunidad sistemática”.
En virtud de la Sección 502B(c), el Congreso tiene la autoridad para obligar al Departamento de Estado a proporcionar conclusiones detalladas sobre el historial de derechos humanos de cualquier país que reciba ayuda militar estadounidense.
El Departamento debe responder en un plazo de 30 días o enfrentarse a una suspensión automática de la asistencia en materia de seguridad.
“No es una serie de accidentes trágicos. Es impunidad sistemática: un patrón que se extiende durante décadas, en el que se arrebatan vidas estadounidenses con absoluto desprecio y el gobierno de Estados Unidos no exige justicia”, afirmó DAWN.
“Cuando fuerzas israelíes matan a estadounidenses, nuestro Departamento de Estado emite comunicados expresando preocupación y promete investigaciones. Pero las investigaciones nunca llegan. La rendición de cuentas nunca aparece. El patrón continúa, alentado por el silencio estadounidense y el flujo de miles de millones de dólares en ayuda militar sin condiciones, sin consecuencias y sin consideración alguna por las vidas estadounidenses”, añadió.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
