En un paso descrito por medios israelíes como “estratégico”, el Gabinete político y de seguridad de Israel ratificó una serie de decisiones que amplían el control y los poderes israelíes en Judea y Samaria, la Cisjordania ocupada. Entre las medidas aprobadas figuran la legalización de puestos de asentamiento, la ampliación de la construcción y la transferencia de más competencias civiles y administrativas a entidades gubernamentales israelíes.
Ante estas decisiones, las facciones palestinas denunciaron que Israel está imponiendo un entorno coercitivo y excluyente que atenta directamente contra la presencia y los derechos del pueblo palestino en Cisjordania. Aseguran que estas medidas representan un desafío abierto a la comunidad internacional, socavan cualquier oportunidad de paz y constituyen una violación directa de los acuerdos de Oslo.
Las decisiones incluyen el fortalecimiento de los trámites administrativos y de seguridad en áreas clasificadas como “B”, así como la transferencia de poderes para emitir permisos de construcción en las áreas “A y B” de la gobernación de Al Jalil a la Administración Civil israelí, incluso en zonas sensibles como la Mezquita Ibrahimi. Además, se refuerza el control sobre la construcción palestina, especialmente en sitios arqueológicos, permitiendo al mismo tiempo que colonos sionistas posean tierras en Cisjordania.
Las facciones palestinas responsabilizan a la comunidad internacional por su silencio frente a estas decisiones y piden actuar de manera urgente para frenar las políticas que profundizan la ocupación, consolidan los asentamientos y alejan cualquier posibilidad real de una solución política.
Huda Hegazi, Gaza
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