• Los partidarios del expresidente boliviano Evo Morales junto a los cadáveres de tres manifestantes en El Alto, Bolivia, 20 de noviembre de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: domingo, 8 de diciembre de 2019 19:23
Actualizada: domingo, 8 de diciembre de 2019 22:45

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tacha de ilegal que el gobierno de facto boliviano indemnice a las víctimas bajo ciertas condiciones.

“La CIDH advierte que el Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, subrayó el sábado la entidad pro derechos humanos, a través de su cuenta en Twitter.

LEER MÁS: ONU: en Bolivia se registran graves violaciones a los DDHH

LEER MÁS: Amnistía Internacional y HRW condenan abuso de militares en Bolivia

La CIDH condenó, de esta manera, la decisión del gobierno de facto de Bolivia de conceder indemnizaciones a las familias de los muertos en las manifestaciones bajo la condición de no solicitar una investigación de lo ocurrido.

El gobierno de facto de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, mediante el Decreto Supremo 4100, pretende otorgar 50 000 bolivianos (casi 6500 euros) a las familias de los que han sido asesinados en las represiones policiales después de las elecciones del pasado octubre en el país sudamericano.

Al respecto, la CIDH señaló que la concesión de tal cuantía se enmarca en el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia, destacando que el derecho a la represión tiene, además, como componentes “medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) advierte que el Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, subrayó la entidad pro derechos humanos en alusión al Decreto Supremo 4100, que contempla otorgar 50 000 bolivianos (casi 6500 euros) a las familias de las víctimas de las represiones policiales en Bolivia.

El mencionado decreto, según el organismo pro derechos humanos, pretende que las víctimas de las represiones desechen la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

Además, explicó que la compensación monetaria es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para una reparación integral.

Bolivia vive jornadas de disturbios después de que, el pasado 10 de noviembre, el ahora depuesto presidente boliviano, Evo Morales, se viera obligado a renunciar para preservar la paz en el país tras semanas de violentas protestas de la oposición, que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, dio un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo del líder indígena.

LEER MÁS: Morales denuncia proceso para criminalizar a sus simpatizantes

LEER MÁS: Policía reprime a bolivianos que piden renuncia de los golpistas

Desde entonces, miles de bolivianos se han manifestado para expresar su repudio al golpe contra Morales. Sin embargo, el gobierno de facto ha reprimido duramente estas marchas y ha autorizado a las Fuerzas Armadas masacrar con impunidad al pueblo; tales represiones han dejado más de 30 muertos y cientos de heridos y detenidos. 

nlr/anz/hnb

Comentarios