• Delegación de activistas argentinos a su llegada al aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, 29 de noviembre de 2019.
Publicada: sábado, 30 de noviembre de 2019 7:07

Los golpistas bolivianos amenazan a los activistas que recogen testimonios de sus violaciones de DD.HH. para “tapar los ojos de la comunidad internacional”.

Una misión argentina, compuesta por representantes de más de 40 organizaciones sociales y de derechos humanos, llegó ayer viernes a Bolivia para estudiar los testimonios de las víctimas que han dejado los actos de violencia cometidos por el gobierno de facto boliviano tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

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No obstante, a su llegada al aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, algunos de los integrantes de la delegación fueron retenidos por los funcionarios.

Ya horas más tempranas, el ministro del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, había afirmado que los activistas argentinos buscan “incendiar el país” y les recomendó que “anden con cuidado”.

“Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos a las mansas palomitas a promover actos terroristas e incendiar el país, que anden con cuidado, que son vigilados”, dijo a los periodistas.

Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos a las mansas palomitas a promover actos terroristas e incendiar el país, que anden con cuidado, que son vigilados”, dice el ministro del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, amenazando a una delegación de activistas argentinos de visita en Bolivia.

 

A modo de reacción a tal amenaza, la socióloga y feminista argentina Victoria Freyre —quien integra la delegación argentina— acusó al gobierno de facto boliviano, presidido por la diputada Jeanine Áñez, de tener la intención de “tapar a los ojos de la comunidad internacional que está llevando adelante un plan de violencia contra la población”.

En una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik, Freyre advirtió de la elevada cifra de los muertos, heridos y detenidos, causados por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad bolivianas contra las protestas que después de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, salen a las calles en condena del golpe de Estado y pidiendo el regreso a Bolivia del mandatario depuesto, de momento exiliado en México.

El contingente argentino ya ha registrado varios casos de violaciones de los derechos humanos y ha lamentado la falta de garantías en Bolivia para quienes quieran denunciar.

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Los actos de violencia en el país suramericano, desde los comicios fallidos del 20 de octubre —del que salió victorioso Morales— ha dejado hasta el momento unos 34 muertos y cientos de heridos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.

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