Este lunes, se votará en el parlamento del régimen de Israel un proyecto de ley que forma parte del paquete de legislaciones de la polémica reforma judicial, impulsada por el premier Benjamín Netanyahu. Un proyecto que, de recibir luz verde, hará que las condiciones internas del régimen lleguen al borde.
En este sentido, los opositores han anunciado que, si se aprueba tal iniciativa, —para eliminar la doctrina de la razonabilidad, que permite al tribunal supremo revisar y revocar cualquier decisión del gabinete sobre la base de si es razonable o no— todo el territorio ocupado por Israel será testigo de protestas sin precedentes.
Según medios locales, cientos de pilotos de reserva de la fuerza aérea del régimen de Israel participarán este lunes en una manifestación en el centro de la ciudad de Tel Aviv para escuchar a los líderes de la oposición sobre las consecuencias de aprobar este proyecto.
También, las fuentes citando a varios pilotos y copilotos han avisado que se espera leer, durante la referida protesta, un comunicado para boicotear el servicio militar; una acción que afectará significativamente la preparación y la capacidad de la fuerza aérea de Israel.
“La culminación de tal acción significa un impacto vasto, inmediato y decisivo en la preparación de la fuerza aérea para entrar en una guerra amplia y completa. Hay que reconocer que la aviación se acerca a la mayor crisis interna de su historia”, ha afirmado el diario hebreo Maariv.
El sábado por la noche, miles de israelíes, la mayoría reservistas del ejército, se manifestaron frente a la casa del ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, para pedirle que vuelva a interceder para pedir la paralización de esta polémica reforma.
Desde hace 27 semanas, todo el territorio ocupado es escenario de protestas anti-Netanyahu, puesto que, la coalición ultraderechista del premier israelí pretende, con la reforma, limitar el alcance de las sentencias, recortar las facultades del supremo y anular su capacidad de veto a los ministros.
El punto más cuestionable del proyecto de ley, es que podría evitar que el primer ministro sea suspendido, a pesar de que enfrente un juicio por fraude, soborno y abuso de confianza.
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