Los manifestantes se han congregado en varias ciudades de los territorios ocupados por el régimen, especialmente en Tel Aviv, donde han salido unas 95 000 personas para denunciar los cambios judiciales ordenados por Netanyahu, acusando al régimen de “intentar silenciar la disidencia a través de una severa brutalidad”.
Eso, después que las fuerzas israelíes se enfrentaran el viernes con los manifestantes que se habían reunido cerca de la residencia privada de Netanyahu para expresar su rechazo al controvertido plan de reforma judicial, que se ha saldado con 17 detenidos.
El 24 de mayo, la Knéset (parlamento israelí) aprobó el presupuesto de 2023-2024, polémico por contemplar la entrega de más dinero al sector judío ultraortodoxo; lo que ha enojado a las manifestaciones israelíes, y luego Netanyahu indicó que seguirá impulsando la polémica reforma judicial, congelada desde 27 de marzo tras una oleada de protestas.
Las marchas comenzaron en enero, cuando el gabinete de Netanyahu anunció que planeaba una reforma judicial que le otorgaría control sobre el nombramiento de los jueces de la corte suprema.
De hecho, el plan de la reforma judicial del gabinete de Netanyahu limitaría la autoridad de los asesores judiciales, y permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una decisión del tribunal supremo que implique derogar una ley o decisión del gabinete.
Netanyahu lleva años enjuiciado por cargos de corrupción, soborno y traición a la confianza, y, conforme advierten autoridades y analistas, el premier pretende influir en su juicio a través de la reforma judicial.
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