“Está comprobado que hay violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Venezuela y que hay una responsabilidad estatal”, ha declarado el jurista argentino Santiago Cantón, miembro del panel en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ha subrayado, no obstante, que hay que ver si estas violaciones forman parte de un ataque generalizado, sistemático, a la población civil, o sea, si hay delitos de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma, y si hay responsabilidad individual.
Cantón, integrante de la comisión nombrada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para analizar si en Venezuela hubo responsabilidad individual por “un ataque generalizado, sistemático, a la población civil”, ha hecho estas afirmaciones durante una entrevista con la agencia francesa de noticias AFP difundida este sábado.
Está comprobado que hay violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Venezuela y que hay una responsabilidad estatal, pero hay que ver si forman parte de un ataque generalizado, sistemático, a la población civil, o sea, si hay delitos de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma, y si hay responsabilidad individual”, asegura el jurista argentino Santiago Cantón, miembro del panel en la Organización de Estado Americanos (OEA).
Del mismo modo, ha advertido de que el jefe de Estado venezolano “u otro dirigente” pueden terminar detenidos y eventualmente presos. “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidirá en función del eventual caso que le presentemos si abre una investigación por delitos de lesa humanidad y contra qué personas”, ha precisado.
En otro momento de sus declaraciones, Cantón ha rechazado una intervención militar en el país suramericano, refriéndose a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ya advirtió a mediados del mes de agosto de que no descartaba la opción militar contra Venezuela.
Se ha manifestado igualmente en contra de las sanciones económicas a Caracas, pues, en su opinión, dichos embargos perjudican más a los más vulnerables del país bolivariano.
Dichas declaraciones se producen después de que la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz pidiera a la CPI una orden de captura internacional contra Maduro y varios de sus ministros, acusándolos de presuntos “abusos y torturas”.
fmk/rba/nii
