"Hungría no puede esperar más", manifestó el miércoles en Budapest, capital, el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, en declaraciones a la prensa, y precisó que la verja de alambrado tendrá una longitud de unos 175 kilómetros.
Szijjarto añadió que el Gobierno ha ordenado al Ministerio del Interior tomar las medidas de preparación de aquí al 24 de junio, aunque no especificó cuándo se iniciaría la construcción.
Tras explicar que la medida no contraviene sus obligaciones legales, ni acuerdos internacionales recordó que otros países de la Unión Europea (UE) también "defienden sus fronteras" con alambradas.
Szijjarto aludió a las fronteras que tienen Grecia y Bulgaria con Turquía y añadió que "también ciudades españolas en el norte de África se defienden así frente a la presión migratoria".
El ministro señaló que a nivel europeo "el camino hacia la solución parece ser larga", al tiempo que advirtió de que "Hungría no puede esperar más", por ser "el país más afectado en la UE".
Por su parte, el premier serbio, Aleksandar Vucich, se manifestó sorprendido por el anuncio y aseveró que la solución no es un muro.
El Gobierno magiar lanzó hace varias semanas una controvertida campaña contra la inmigración.
Primero envió a todos los hogares del país un cuestionario en el que pide la opinión ciudadana sobre la inmigración ilegal, con preguntas que —según los críticos— sugieren una vinculación directa entre este fenómeno y el terrorismo.
Además, se colocaron en las calles carteles en idioma húngaro en los que se advierte a los inmigrantes que deben respetar la cultura y las leyes del país, y que no podrán quitarle el trabajo a los residentes locales.
Con 53.000 personas, Hungría es uno de los países europeos que más inmigrantes indocumentados ha registrado en lo que va de año, en su mayoría procedentes de Oriente Medio y Kosovo.
El descontento internacional con la UE, que prefiere resguardar sus fronteras a salvar la vida de los migrantes, llegó a niveles sin precedentes tras un naufragio de un barco en el Mediterráneo que dejó unos 700 muertos.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también, criticó el pasado mes de abril a la UE por adoptar medidas minimalistas que no resolverán la crisis de la inmigración.
Tras la serie de críticas por masivos naufragios, los dirigentes europeos reunidos el 23 de abril decidieron reforzar la presencia de la UE en el Mediterráneo triplicando la operación europea Triton, que era hasta entonces de 3 millones de euros por mes.
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