Desde el Congreso nacional de Honduras pretenden frenar las convocatorias a protestas ciudadanas. Al no poder contener los reclamos populares, el Estado intenta infundir miedo y evitar las críticas por medio de las redes sociales.
El proyecto del nuevo código penal será disfrazado como una herramienta para atacar y condenar los llamados “delitos cibernéticos”.
La penalización por usurpar una identidad de otra persona podría rondar entre los 5 y 7 años de cárcel. Otro de los cambios sería de vigilar insultos, ofensas o comentarios de un ciudadano contra un funcionario público; hecho que también sería penado con la prisión.
Para abogados y especialistas en derecho esto no es una reforma al código penal hondureño vigente, sino una creación de un nuevo marco jurídico que intenta frenar las convocatorias a las movilizaciones masivas en contra de la corrupción y en contra del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Los partidos de oposición y gran parte de la sociedad hondureña ya se pronuncian en contra de este proyecto de ley y anuncian acciones para evitarlo y continuar publicando sus denuncias por las redes sociales.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
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