Nueve sindicatos de funcionarios se han unido para denunciar la reforma de la Función Pública que el Gobierno francés ha aprobado en el Consejo de Ministros.
Los sindicatos reprochan al Ejecutivo el que no haya tenido en cuenta ninguna de sus propuestas, y que acusan al Gobierno de querer liquidar la función pública.
El Gobierno, que tiene que hacer frente a manifestaciones y concentraciones en todo el país, quiere suprimir 120 000 puestos de funcionarios, recurrir a los contratos temporales, imponer la privatización de servicios públicos y reformar los órganos de representación de los funcionarios.
Una de las medidas del proyecto de ley más criticada es la de imponer la movilidad a los funcionarios aunque no la deseen. Obligarlos a trasladarse cuando su servicio sea privatizado, y obligarles a cambiar de administración sin tener en cuenta las circunstancias familiares. Los sindicatos denuncian una manera encubierta de forzar la dimisión de miles de agentes de la función pública.
El Gobierno de Emmanuel Macron quiere actuar rápidamente y esta ley puede entrar en aplicación el próximo mes de junio.
Según un informe de la consultora Altermind, el Ejecutivo francés podría ahorrarse 35 000 millones de euros si privatiza varios sectores de la función pública.
Juan José Dorado, París.
xsh/mjs
