En el marco de la lucha antiterrorista que se tornaba virulenta en la península del Sinaí, el presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, promulgó en octubre de 2014 un polémico decreto: el texto encomendaba a los militares la protección de instituciones civiles vinculadas a la seguridad nacional.
Un Parlamento afín al mandatario ha optado por extender la vigencia del decreto por un periodo adicional de 5 años.
La decisión, tomada por una aplastante mayoría de la Cámara, ha sido criticada por expertos legales y activistas. No cuestionan que las Fuerzas Armadas puedan salvaguardar las instituciones públicas de forma excepcional, sí que se muestran alarmados ante el uso que las autoridades egipcias están haciendo del decreto, que otorga el estatus de institución militar a los enclaves protegidos por los uniformados.
La Constitución egipcia permite que los civiles sean llevados ante la justicia castrense en el caso de atentar violentamente contra el patrimonio o el personal militar.
La Carta Magna no ampararía pues centenares de procesos, como el juicio militar que afrontan 26 trabajadores de los astilleros de Alejandría por organizar una sentada de protesta.
Este martes 116 personas fueron remitidas a un tribunal militar, acusadas de pertenecer al grupo takfirí EIIL (Daesh, en árabe). La opacidad de estos procesos impide conocer la veracidad de los cargos de terrorismo que se han convertido en un comodín contra la oposición.
Rocío López, El Cairo.
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