Una investigación llevada a cabo por la ONG HRW casi dos meses después del bombardeo israelí contra el complejo penitenciario de Evin, en la capital persa, ha puesto de relieve que el ataque se llevó a cabo de manera “ilegal e discriminatorio”, por lo que constituye un “crimen de guerra”.
“Los ataques israelíes contra la prisión de Evin, el 23 de junio, causaron la muerte y heridas a decenas de civiles sin ningún objetivo militar evidente, en violación de las leyes de la guerra, y constituyen un aparente crimen de guerra”, ha declarado Michael Page, subdirector para Asia Occidental de Human Rights Watch, según ha informado la ONG este jueves.
Los bombardeos impactaron varios edificios del complejo y causaron la muerte de al menos 80 personas, incluyendo presos, sus familiares y personal penitenciario, según las autoridades del Poder Judicial iraníes.
Entre el 24 de junio y el 29 de julio, HRW entrevistó a 22 personas sobre el ataque, incluyendo familiares de víctimas y presos, ex presos de Evin y otras personas con amplio conocimiento de la prisión. También analizó y verificó videos y fotografías de los ataques israelíes publicados por medios de comunicación y en redes sociales, así como material compartido directamente con investigadores e imágenes satelitales de antes y después de los ataques.
Tras una investigación exhaustiva del ataque, HRW ha señalado que “no encontró evidencia de objetivos militares en el complejo penitenciario en el momento de los ataques israelíes”, y agregado que incluso si algunas personas en la prisión de Evin fueran militares iraníes, “el ataque a gran escala habría sido ilícitamente desproporcionado”.
Ha denunciado que Israel atacó el complejo, que constituye una “instalación civil” según el derecho internacional humanitario, “sin dar ninguna advertencia previa”.
“Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques contra la prisión de Evin, un complejo de 43 hectáreas en el Distrito 1 de Teherán, entre las 11:17 y las 12:18 del 23 de junio. Imágenes satelitales, videos y testimonios muestran ataques que dañaron edificios a cientos de metros de distancia”, detalla el informe.
La ONG confirma que los ataques, ocurridos durante el horario de visita de los presos, “dañaron significativamente varios edificios, incluidos la sala de visitas, la cocina central, el dispensario médico y las secciones donde se encontraban recluidos los presos”.
Page ha denunciado que “el ataque israelí puso en grave peligro” la vida de los prisioneros de la cárcel, donde se cree que más de 1500 presos se encontraban recluidos en el momento del ataque.
La ONG ha pedido a los tribunales internacionales que investiguen exhaustivamente las “violaciones de las leyes de la guerra cometidas por las fuerzas israelíes” durante el conflicto de 12 días con Irán, y ha exigido que “los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas”.
Anteriormente, Amnistía Internacional también repudió el “deliberado” ataque israelí contra la prisión de Evin. “Los indicios ofrecen motivos razonables para creer que el régimen israelí atacó de forma descarada y deliberada, edificio civiles. Dirigir ataques contra bienes de carácter civil está estrictamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. Llevar a cabo tales ataques a sabiendas y deliberadamente constituye un crimen de guerra”, afirmó Amnistía en un comunicado emitido el 22 de julio.
El conflicto de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una flagrante agresión no provocada contra Irán, matando a unas 1100 personas, muchas de ellas civiles. Más de una semana después, Estados Unidos se sumó a la ofensiva militar sionista, bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes, en un supuesto intento de impedir el desarrollo del programa nuclear pacífico iraní.
Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación sin precedentes ‘Verdadera Promesa III’, y un ataque de represalia contra la mayor base estadounidense en la región, lo que logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.
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