El canciller de Suecia, Tobias Billström, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo del bloque comunitario, informó este lunes en su cuenta en Twitter sobre un nuevo paquete de sanciones contra 37 individuos y entidades de Irán.
Las medidas restrictivas se suman a otras impuestas a más de 60 funcionarios y organizaciones gubernamentales del país persa en los últimos meses.
El Reino Unido, por su parte, ha aplicado nuevos embargos a un número de las autoridades iraníes, entre ellas, el fiscal general adjunto Ahmad Fazelian; el comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní, el general de brigada Kiumars Heidari; el subcomandante del Cuerpo de la Guardianes de Revolucionaria Islámica (CGRI) del cuartel general de Saralá (la división responsable de garantizar la seguridad en Teherán); y el comandante adjunto de la Fuerza de Resistencia Popular (Basich), el general de brigada Salar Abnush.
Las sanciones consisten en la congelación de los activos y la prohibición de viajar al territorio británico para las personas afectadas.
Desde el inicio de los disturbios en Irán, acaecidos bajo la excusa de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini —ocurrida el 16 de septiembre—, Occidente ha puesto una serie de restricciones a los funcionarios y políticos iraníes.
El Gobierno iraní ve las huellas de EE.UU. e Israel en los disturbios, y cuestiona el doble rasero de Washington en los derechos humanos y le exige que “en lugar de derramar lágrimas de cocodrilo” por el pueblo iraní, “acabe con el terrorismo económico” que vive la nación.
Además, la Inteligencia iraní ha detenido a un gran número de espías, vándalos y terroristas afiliados a los servicios de espionaje extranjeros en los últimos cuatro meses.
Las autoridades del país persa han urgido a los occidentales a evitar el oportunismo y no instrumentalizar el tema de los derechos humanos para imponer más sanciones ilegales al país persa.
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