En una entrevista con la agencia de noticias oficial, IRNA, el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, ha indicado este viernes que las huelgas de trabajadores franceses en el sector energético y la amenaza de las autoridades francesas con recurrir a la fuerza para poner fin a las huelgas merecen cobertura mediática.
Mientras tanto, el portavoz iraní ha aseverado que lo que le ha sorprendido es que las mismas autoridades galas, incluido el presidente, Emmanuel Macron, condenan la actuación de las fuerzas de seguridad contra los agitadores en los recientes acontecimientos en Irán y pidan al gobierno iraní que respete los derechos de los alborotadores.
“Esto es una clara hipocresía y demuestra una vez más que los derechos humanos en el diccionario de muchos gobiernos reclamantes en Occidente no son más que un juguete y una herramienta para lograr objetivos políticos e interferir en los asuntos internos de otros países”, ha sentenciado.
Macron condenó el miércoles la actuación de Irán en los recientes disturbios en varias ciudades iraníes, que estallaron después de la muerte de una joven iraní Mahsa Amini bajo custodia policial. “Estamos junto a estas mujeres. Es un pueblo soberano que lucha por su libertad”, manifestó.
Esto mientras que el gobierno francés amenazó el martes con intervenir e imponer medidas drásticas si los trabajadores del sector energético del país no ponen fin de inmediato a la huelga de refinerías y depósitos de combustible, paralizados desde hace más de dos semanas, por pedir mejores salarios.
Tras advertir que usaría los poderes de emergencia para ordenar que los trabajadores esenciales regresen al trabajo, bajo pena de multas o tiempo en la cárcel, el gobierno galo anunció el miércoles que los pondría en acción.
Además, a estos se suma una feroz represión de la policía de Francia para sofocar las protestas de los manifestantes del llamado movimiento de los “chalecos amarillos”, quienes salieron a protestar contra las políticas del gobierno de Macron y el alto costo de vida en su país en noviembre de 2018. La violencia ejercida por los gobernantes y el aparato judicial contra los manifestantes no tenía precedentes en los últimos 60 años, según un informe.
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