La medida se justifica por seguridad, pero representa un retroceso en transparencia y en la lucha anticorrupción. Además, limita la fiscalización y oculta denuncias contra autoridades, en un contexto marcado por las elecciones de 2026.
La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso mantener en reserva hasta 2030 las denuncias policiales, impidiendo el acceso ciudadano y periodístico. Aunque se justifica por seguridad, la decisión frena la transparencia y oculta posibles casos de autoridades, en plena antesala de las elecciones de 2026.
Según la última encuesta de Datum, el 38 % de los votantes afirma que no respaldaría a un candidato con investigaciones abiertas o vínculos con casos de corrupción.
A seis meses de las elecciones de 2026, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que solo el 8 % de ciudadanos confía en su desarrollo, en contraste con el discurso oficial del Gobierno.
Durante las recientes protestas en Lima, la Policía Nacional del Perú agredió a 17 periodistas, un hecho que evidencia un grave abuso de autoridad.
Aarón Rodríguez, Lima.
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