El Congreso de Perú impulsa una iniciativa que castigaría con hasta 10 años de prisión a quienes oculten su rostro durante las protestas. Aunque se presenta como una medida de orden público, organizaciones advierten que podría limitar la libertad de expresión y consolidar la tendencia a tratar la protesta social como un delito.
No es la primera vez que el Congreso intenta criminalizar la protesta; en el pasado ya presentó proyectos que buscaban imponer penas más severas a quienes participaran en marchas o bloquearan calles.
En las últimas protestas se registraron al menos 100 heridos y una persona asesinada por un agente policial. Hasta ahora, el caso permanece impune.
A un mes de reemplazar a Boluarte, José Jerí conserva mayoría de apoyo ciudadano: el 50.6 % de la población respalda que el Congreso lo asumiera. Pero, pese al respaldo, persisten dudas sobre la solidez de su mandato
Aarón Rodríguez, Lima.
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