El 53 % de los peruanos desaprueba la anulación del indulto a Fujimori, quien ostentó la Presidencia de 1990 a 2000, pues en su mayoría consideran que está “muy enfermo para volver a prisión” y debe terminar de cumplir la pena en su casa, conforme a una encuesta elaborada por la empresa Ipsos y difundida el domingo por los medios locales.
La Corte Suprema peruana ordenó el 3 de octubre el regreso a prisión de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, considerando que el indulto concedido en diciembre por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía vicios legales.
Entre los que desaprueban la anulación del beneficio, el 43 % señala que Fujimori, de 80 años, está “muy enfermo”, el 31 % que su anulación “va contra el derecho presidencial a indultar”, el 13 % que ya cumplió 12 de los 25 años a los que fue sentenciado y el 5 % que “es inocente”, recoge el estudio.
El sondeo anota que el 40 % aprueba la decisión judicial, el 32 % considera que Fujimori es culpable y que “debe cumplir su condena”, el 26 % dice que el indulto que otorgó Kuczynski “respondía a intereses políticos”, el 25 % que aún debe responder en otros juicios y el 10 % que “está bien de salud” y “no califica para un indulto humanitario”.
La encuesta, para la que se entrevistó a 1253 personas en todo el país entre el 10 y 12 de octubre, con un margen de error de 2,7 %, también consultó la opinión de los peruanos sobre la posición personal de la hija del exdirigente, Keiko Fujimori, respecto a la medida que permitió a su padre estar 10 meses en libertad.
El 52 % opinó que la líder opositora Keiko Fujimori, actualmente detenida, “no estaba a favor”, el 37 % que “siempre estuvo a favor como su hermano Kenji” y el 11 % no respondió.
Mientras que Fujimori permanece internado en una clínica de Lima, capital peruana, desde que se anuló su indulto, su hija Keiko cumple un arresto preliminar de 10 días, a la espera de la respuesta del recurso presentado por su defensa para intentar su liberación.
Keiko fue detenida el miércoles en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente encubrió un millón de dólares recibido por la constructora brasileña Odebrecht.
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