Dirigentes de la alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a cinco centrales obreras, movimientos comunitarios, gremios de profesionales, docentes, estudiantes, campesinos, constructores y transportistas, entre otros, desconoció el domingo los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo).
La alianza, protagonista de las huelgas que entran en su tercera semana, instó al Gobierno a instalar una sola mesa de diálogo con todas las fuerzas populares que luchan en las calles por justicia social.
Al respecto, señaló que la Anadepo no representa a todas las organizaciones nacionales y anunció nuevas medidas de presión contundentes que pondrá en práctica desde este lunes para materializar las demandas de sus integrantes.
Por su parte, el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) aseveró continuar con las paralizaciones hasta que el Gobierno entrara en dialogar con todos los actores.
Esto mientras la Anadepo había prometido poner fin a todos los cierres de vías y protestas después de que la Administración del presidente Laurentino Cortizo asegurara rebajar a 3,25 dólares el precio del galón de combustible.
El presidente de Panamá convocó el jueves una mesa de diálogo con los diversos sectores que participan en las movilizaciones, con el fin de buscar “soluciones viables y factibles a los problemas que aquejan a la sociedad”.
Según revelaron los informes oficiales, el precio del combustible registró un alza de hasta 47 % entre enero y julio, lo que disparó las primeras movilizaciones en el país.
Las protestas demuestran la mayor crisis del neoliberalismo impuesto en el país centroamericano desde la invasión estadounidense en 1989.
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