“Las autoridades israelíes desalojaron a principios de 2025 a 32 000 palestinos de sus casas en los campos de refugiados de Cisjordania sin tener en cuenta las protecciones legales internacionales y no les han permitido regresar”, ha denunciado la investigadora senior de los derechos de los migrantes y refugiados de la organización Human Rights Watch (HRW), Nadia Hardman.
HRW ha señalado que a los desplazados se les prohíbe regresar y que cientos de viviendas han sido demolidas, según un informe de 105 páginas de la ONG titulado “Todos mis sueños han sido borrados”.
“Con la atención global centrada en Gaza, las fuerzas israelíes han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica en Cisjordania, lo que debe ser investigado y por lo que se deben abrir procesos judiciales”, ha enfatizado Hardman.
En este sentido, HRW ha afirmado que los altos responsables implicados deben ser procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y ha concluido que las expulsiones —llevadas a cabo mientras la atención internacional se centraba en Gaza— forman parte de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
Se trata del desplazamiento forzado de palestinos de los campos de Yenín, Tulkarm y Nur Shams, en el norte de la Cisjordania ocupada, en el marco de las operaciones militares del ejército israelí entre enero y febrero de este año.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) creó los tres campamentos a comienzos de la década de 1950 con el fin de brindar alojamiento a los palestinos que fueron desplazados o forzados a abandonar sus hogares tras la fundación del régimen de Israel en 1948.
El Convenio de Ginebra prohíbe el desplazamiento de civiles desde territorios ocupados, salvo de forma temporal y únicamente por motivos de urgencia militar o de seguridad.
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