El parlamento israelí aprobó el miércoles una ley que permite al régimen de Tel Aviv revocar el estatus de residencia o ciudadanía de aquellos que se hayan involucrado en el activismo contra la ocupación de tierras palestinas y autoriza deportarlos a Cisjordania ocupada o a la Franja de Gaza sitiada.
Mediante un comunicado emitido la misma jornada, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) denunció que la nueva legislación viola los derechos de los palestinos en su tierra ancestral y tiene como objetivo allanar el camino para su expulsión forzosa.
A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina criticó la ley tachándola de “la forma más fea de racismo”.
Por otro lado, el jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP), Qadoura Fares, condenó la medida legislativa israelí y la catalogó de “una ley injusta y racista que pretende vaciar la tierra de sus habitantes nativos y expulsar a las personas de sus hogares”.
Asimismo, la oenegé Adalah, dedicada a los derechos legales palestinos en los territorios ocupados, señaló que la ley no solo crea una vía adicional para la revocación de la ciudadanía de residencia de los palestinos (...) bajo el régimen israelí, sino que también facilita su expulsión”.
Según el derecho internacional, la deportación por parte de una potencia ocupante constituye una violación de los Convenios de Ginebra, aprobados el 12 de agosto de 1949, y se considera uno de los crímenes de guerra más graves. Mientras tanto, la amenaza israelí de deportación de prisioneros palestinos es una práctica habitual.
Israel ha revocado el estatus de residencia de al menos 14 701 palestinos en el este de Al-Quds desde 1967 hasta 2020. El número aumentará a 86 000 si se cuentan los hijos dependientes de aquellos a quienes se les revocó la residencia, conforme a las organizaciones de derechos humanos.
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