La organización de defensa de derechos internacionales arremetió en un comunicado emitido el jueves contra el país africano por el destino desconocido de al menos 600 miembros del Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés) desde su arresto en 2015.
“El Gobierno nigeriano ha utilizado la desaparición forzada como una táctica de larga data para silenciar a los críticos e infundir miedo en la población civil. La desaparición forzada es un instrumento de intimidación que viola gravemente los derechos humanos. Es inaceptable y debe detenerse”, denunció la directora de AI en Nigeria, Osai Ojigho.
La funcionaria denunció también el “dolor” que sufren las familias de los desaparecidos por no saber si sus seres queridos siguen vivos o se encuentran muertos. De este modo, reveló que el Gobierno ha impedido a algunos “detenidos incomunicados” que tengan acceso a sus familias o abogados durante nueve años o más, mientras rehúsa liberar a otro grupo de encarcelados pese a las órdenes judiciales.
El Gobierno nigeriano ha utilizado la desaparición forzada como una táctica de larga data para silenciar a los críticos e infundir miedo en la población civil. La desaparición forzada es un instrumento de intimidación que viola gravemente los derechos humanos. Es inaceptable y debe detenerse”, denunció la directora de Amnistía Internacional (AI) en Nigeria, Osai Ojigho.
Ojigho pidió al Gobierno nigeriano que “haga lo correcto” y detenga la desaparición forzada contra personas que ya enfrentaban las amenazas de operaciones militares y grupos terroristas armados como Boko Haram.
Entre los detenidos está el líder de IMN, el prominente clérigo Ibrahim Al-Zakzaky que fue detenido ilegalmente en diciembre de 2015, cuando soldados nigerianos irrumpieron en su residencia en la norteña ciudad de Zaria (norte) y se lo llevaron después de agredirlo y matar a un número de seguidores y a algunos de sus hijos.
Su arresto provocó diversas manifestaciones en el país africano, las cuales fueron reprimidas brutalmente por la Policía de Nigeria. En este sentido, Amnistía Internacional denunció anteriormente que el Ejército nigeriano comete violaciones “impactantes” de los derechos humanos mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares.
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