A través de un comunicado emitido el lunes, el Gobierno nicaragüense elevó su “más enérgica protesta” a la OEA por un proyecto que promueven ocho países —EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Perú— para crear una “comisión especial” que dé seguimiento a la crisis en el país centroamericano, pero, que a juicio de Managua, pretende “inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua”.
La nota “rechaza enérgicamente y denuncia esa maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente de la OEA, en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional, lo cual rechazamos”, precisa el texto.
En el comunicado —dirigido a la representante permanente de Costa Rica ante la OEA, Rita Hernández, en su calidad de presidente temporal del organismo— Managua enfatiza que no acepta a dicha comisión para abordar sus asuntos y desconoce todo reunión del Consejo Permanente de esta organización que se realice sin la autorización del Ejecutivo nicaragüense.
El Gobierno nicaragüense “rechaza enérgicamente y denuncia esa maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente de la OEA, en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional, lo cual rechazamos”, según un comunicado.
A continuación, Nicaragua solicitó la traducción, circulación y distribución del comunicado para ofrecerlo a las misiones permanentes del organismo hemisférico.
Nicaragua enfrenta una ola de violencia desde mediados de abril que ha causado más de 300 muertos. El presidente del país, Daniel Ortega, argumenta que detrás de los enfrentamientos violentos existe una “conspiración”, impulsada por grupos apoyados por Washington y el narcotráfico.
Las protestas violentas contra el Ejecutivo comenzaron en rechazo a un proyecto de ley de seguridad social. Aunque esa ley fue derogada, continuaron los disturbios, desoyendo los llamamientos al diálogo del Gobierno.
ftn/ncl/mjs/alg
