lunes, 11 de junio de 2018 4:00

Tras la aprobación unilateral por parte del Gobierno de Nicaragua de reformas a la seguridad social, los universitarios se levantaron en protestas.

La medida de la Administración de Daniel Ortega pretendía restarle el 5 % a las pensiones de los jubilados e incrementar el pago de los trabajadores y empleadores por cuenta propia.

Las manifestaciones que se iniciaron de forma pacífica se tornaron violentas después de que la Policía empezara a disparar en contra de los protestantes. Ante esta situación, que según las organizaciones de derechos humanos, se cobró la vida de más de 50 personas, en su mayoría estudiantes, se inició una protesta nacional en contra de Ortega y su Gabinete por considerar que la medida era representativa de una dictadura y que jamás debieron tirar a matar.

El Gobierno echó pie atrás a la reforma, pero esto en lugar de acabar con las protestas las intensificó y ahora la población exige paz, pero con justicia, ya que la Administración no se ha pronunciado sobre los asesinatos e intenta minimizarlo.

Esto llevó a que ahora miles de nicaragüenses exijan la salida inmediata del presidente y la vicepresidenta del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como de altos mandos de la Policía Nacional.

Para disminuir la tensión, el Gobierno ha permitido marchas en su contra sin represión y ha aceptado un diálogo en el que los jerarcas de la Iglesia católica serán los mediadores y garantes de que se cumplan los acuerdos y se recobre la paz.

La Iglesia advirtió que después de instalada la mesa de diálogo, que aún se desconoce la fecha, se dará un plazo de un mes y en caso que se incumpla se lo harán saber al pueblo.

Esta crisis de Nicaragua llevó a que cayera el turismo en un 90 % y que la imagen del país pasara de ser el país más seguro de Centroamérica a una nación donde se han levantado alertas para que los extranjeros no la visiten, en lo que se ha denominado una rebelión en contra de los Ortega-Murillo.

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