Organizaciones no gubernamentales presentaron el informe 2022 sobre el principio de no devolución en México amparado en el derecho internacional, en el que evidencian malas prácticas contra personas solicitantes de asilo y refugiados de parte de las autoridades. Entre ellas, destrucción de documentos personales, detenciones arbitrarias y deportaciones inmediatas.
Los investigadores ven fallas graves en la vinculación entre el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y advierten sobre la creciente militarización de los procesos migratorios.
El informe identifica 58 personas que fueron devueltas, que estuvieron en un proceso inminente de devolución o detenidas con ese propósito durante el 2022, aunque advierte que existen muchas más en esas condiciones.
Los investigadores denuncian la violación grave a los derechos humanos que implica el no cumplimiento del principio de no devolución y exigen del gobierno mexicano que acabe con las malas prácticas que se han institucionalizado en el Instituto Nacional de Migración.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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