El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha revelado este viernes que mediante una carta dirigida al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, habría solicitado la extradición de Tomás Zerón De Lucio, antiguo director de la ya desaparecida Agencia de Investigación Criminal, acusado de torturar y de manipular pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
“Queremos apoyo de Israel porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros de que va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel”, ha señalado el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina en Cuernavaca, municipio del central estado de Morelos.
Asimismo, López Obrador ha agregado que este proceso de extradición es prioritario para México, pues de esta forma se busca devolver la transparencia y justicia a la vida pública, así como el reconocimiento y la reparación del daño, tanto para las víctimas directas como para centenas de familias mexicanas que exigen justicia.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, ha sido el encargado de leer la misiva que envió el Gobierno mexicano a Israel el pasado 23 de septiembre sobre el caso Ayotzinapa y que fue recibida el jueves por el régimen israelí.
En el documento, el mandatario mexicano interpeló al premier israelí su atención en el proceso de extradición de Zerón de Lucio, al explicar que el individuo en cuestión operó una “colusión criminal” desde uno de los más altos niveles del orden federal cometiendo delitos de tortura.
Además, llegó a detallar que un juez mexicano lo imputó, a través de una orden de aprehensión ratificada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), pero este huyó a los territorios ocupados por Israel en agosto de 2019.
La desaparición de los 43 estudiantes cumplió el domingo siete años, tiempo en el que solo tres de los jóvenes han sido identificados y el responsable de la investigación en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en los territorios ocupados de Palestina.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero (sur de México), tuvo lugar uno de los episodios más emblemáticos en cuanto a la violación de los derechos humanos en la historia reciente de este país, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con edades comprendidas entre los 17 y 25 años, acudieron a la ciudad de Iguala a fin de tomar los autobuses que requerían para participar en la conmemoración de la represión contra los estudiantes acaecida el 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, todos ellos desaparecieron, mientras que las autoridades encargadas de la investigación afirmaban, en un primer momento, que los estudiantes fueron tiroteados por pistoleros y policías coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos.
No obstante, familiares de las víctimas, organizaciones civiles e investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) han exigido durante años que se investigue la probable participación en los hechos de dos batallones del Ejército destacados en la zona.
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