Guatemaltecos de distintas capas sociales, académicos, empresarios, analistas y políticos han cuestionado de forma muy severa la firma de un convenio entre Guatemala y Estados Unidos, en el que se supone que el país centroamericano le dará refugio a miles de migrantes sobre todo centroamericanos que pidan asilo al país del norte.
La bancada de oposición citó a varios ministros para que expliquen las circunstancias en las que se firmó el acuerdo, subrayando los riesgos.
El tema económico también salió a luz en la interpelación que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) le hizo al ministro de Trabajo, a la ministra de Relaciones Exteriores y al viceministro de Gobernación, porque se desconocen montos y cifras de lo que el estado debe desembolsar para garantizar el refugio a los que sean enviados al país, aunque para un analista en asuntos internacionales el tema económico es la prioridad en este tipo de convenios.
De acuerdo a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, no ha quedado en firme el convenio debido a que aún se estudian la posibilidad de que el Congreso sea quien le de validez al documento, mientras tanto el contenido del acuerdo y su ejecución siguen siendo una incógnita, en gran medida por la secretividad con la que se ha manejado el pacto y la ministra lo reconoce.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que si el Gobierno guatemalteco da marcha atrás emitirá sanciones a los productos que este país exporta hacia EE.UU. al igual que a las remesas que los connacionales envían hacia Guatemala.
De momento es la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala quien tiene en sus manos respaldar el convenio u ordenar su nulidad basado en la Constitución de la República, de cualquier manera si llegara a pasar, es el Congreso quien deberá decidir en última instancia dicho acuerdo.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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