Las prácticas de vigilancia reveladas hasta ahora ponen en peligro derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la privacidad (…), la libertad de información y expresión (…) y los derechos a un juicio justo (…) y a la libertad religiosa (…), en particular cuando se interceptan las comunicaciones amparadas de abogados y clérigos, y se manipulan rastros digitales.
“Las prácticas de vigilancia reveladas hasta ahora ponen en peligro derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la privacidad (…), la libertad de información y expresión (…) y los derechos a un juicio justo (…) y a la libertad religiosa (…), en particular cuando se interceptan las comunicaciones amparadas de abogados y clérigos, y se manipulan rastros digitales”, proclama la resolución adoptada.
La APCE no censura solo las tácticas de la Inteligencia de Washington y de “sus socios en ciertos Estados miembros del Consejo de Europa”, sino que alerta también de los posibles abusos que puede facilitar la tendencia de las grandes empresas a acumular datos personales de gran número de personas.
La resolución 2045 (2015) (aquí, en inglés) condena además “el extendido empleo de leyes y regulaciones secretas aplicadas por tribunales secretos que aplican interpretaciones secretas” y alerta de la posibilidad, en tiempos de crisis, de que “el poder ejecutivo caiga en manos de políticos extremistas”.
La vigilancia masiva no parece haber contribuido a prevenir atentados terroristas, en contra de lo que antes habían afirmado altos responsables de Inteligencia.
La Asamblea no desprecia la seriedad de las amenazas, y “reconoce la necesidad de vigilancia eficaz y específica de sospechosos de terrorismo y otros grupos de criminales organizados”.
Sin embargo, resalta que los programas de vigilancia masiva “no parecen haber contribuido a prevenir atentados terroristas, en contra de lo que antes habían afirmado altos responsables de Inteligencia” y que “los recursos que hubieran podido prevenir los atentados se desvían a la vigilancia masiva, dejando libres para actuar a personas potencialmente peligrosas”.
El texto identifica cómo toman forma “complejos industriales de vigilancia” a causa del secretismo en materia de seguridad, del carácter técnico de los dispositivos y la seriedad de las amenazas.
La necesidad de medidas de contrapeso, su coste y beneficios son difíciles de evaluar para los responsables políticos sin recurrir a grupos que tienen intereses particulares en el sector, lo que conduce a que se creen poderosas estructuras que escapan al “control democrático”, describe la APCE.
La Asamblea llama a crear un marco legal “en los niveles nacional e internacional que asegure la protección de los derechos humanos, en especial la del derecho a la privacidad”.
Pero frente a esa necesidad, la APCE señala “la reticencia de las autoridades estadounidenses competentes y de sus homólogos europeos a contribuir a clarificar los hechos, incluido su rechazo a asistir a audiencias organizadas por la Asamblea y por el Parlamento Europeo (PE), además del severo trato infligido al denunciante Edward Snowden”.
La resolución se hace eco de un reciente llamado del PE “a promover un amplio uso de la encriptación y de otros estándares de seguridad en Internet, no solo en el interés de la privacidad, sino también frente a las amenazas contra la seguridad nacional que plantean los Estados rebeldes, terroristas, ciberterroristas y criminales ordinarios”.
En 2013, el informático y exagente estadounidense Edward Snowden provocó una polémica internacional al sacar a la luz detalles de la extensión del espionaje y del monitoreo de las comunicaciones electrónicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU. (NSA, por sus siglas en inglés) y su equivalente británico, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés).
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