Bajo el lema “¡Defiende tu libertad!”, los descontentos han denunciado este sábado las reformas policiales, judiciales y mediáticas del gobierno.
No somos revolucionarios. Los revolucionarios quieren destruir, nosotros queremos preservar la democracia y la libertad en Polonia”, ha reiterado Mateusz Kijowski, fundador del Comité para la Defensa de la Democracia.
La marcha, convocada por el Comité para la Defensa de la Democracia (KOD, por sus siglas en polaco), ha sido organizada en 36 ciudades de Polonia. La mayor protesta tuvo lugar en la capitalina ciudad de Varsovia donde unas 10.000 personas se reunieron frente a la oficina de la primera ministra Beata Szydlo, antes de marchar hacia el palacio presidencial.
“No, a un Estado guardián”, “Atención: el pequeño hermano vigila”, se leía en las pancartas que enarbolan los manifestantes para rechazar un nueve decreto del Ejecutivo que pretende limitar la privacidad de los usuarios de Internet y autoriza a los servicios secretos acceder a los datos de los ciudadanos sin orden judicial.
“No somos revolucionarios. Los revolucionarios quieren destruir, nosotros queremos preservar la democracia y la libertad en Polonia”, ha reiterado el fundador de KOD, Mateusz Kijowski.
Varias ciudades europeas han expresado su apoyo al KOD. También en Melbourne, sureste de Australia, y EE.UU. se han convocado manifestaciones.
La nueva reforma del Tribunal Constitucional (TC) de Polonia que alentó el presidente Andrzej Duda y su nuevo gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), ganador por mayoría absoluta de las elecciones del pasado octubre, provocó antes la preocupación de la Unión Europea (UE) por lo que el pasado 13 de enero se reunió para abordar el tema.
En medios de protestas, el pasado 28 de diciembre, se ratificó la controvertida reforma del Tribunal Constitucional, unas enmiendas en las que se destacan leyes como el control de los medios de comunicación públicos, la prohibición del aborto y la dotación de más poderes a la Policía.
La nueva ley de medios obligará a los entes públicos a seguir la línea oficial marcada por el Gobierno de la primera ministra Beata Szydlo y la reforma del TC implicará, según la oposición, mantener bajo control al estamento judicial vulnerando la independencia.
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