El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha admitido a trámite una demanda que Carles Puigdemont presentó a principios de marzo contra España. El expresident acusaba al Estado español de vulnerar sus derechos políticos. Ahora, el organismo pide a España que se pronuncie en un plazo máximo de 6 meses para dar cuenta de la situación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que la situación tanto del expresident como del resto de procesados está exclusivamente en manos de la justicia.
Desde la derecha, Ciudadanos pronostica una amenaza separatista. Las formaciones de izquierda, sin embargo, insisten en la necesidad del diálogo para poner fin al conflicto.
Mientras Puigdemont sigue detenido en Alemania, las formaciones independentistas mantienen la idea de investirlo presidente aunque pueda suponer la repetición de las elecciones.
El Gobierno ha recordado que la rebelión está penada desde 10 años de prisión a cadena perpetua, por lo que Puigdemont podría ser extraditado a España durante las próximas semanas.
David Hernández, Madrid.
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