El juez Pablo Llarena argumenta que hay un riesgo elevado de que tanto Turull como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa reincidan en sus delitos o se fuguen de la justicia.
“Junto a un riesgo de reiteración delictiva, confluye en todos ellos un marcado riesgo de fuga”, ha indicado el magistrado, al argumentar su decisión de enviar a prisión provisional incondicional a los cinco diputados, a los que acusa de haber promovido la “rebelión” en el marco de la independencia de Cataluña.
En cuanto a la participación de los sentenciados en la sesión de investidura prevista para este sábado en el Parlament, Llarena ha sostenido que aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quienes atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección.
Junto a un riesgo de reiteración delictiva, confluye en todos ellos un marcado riesgo de fuga”, dice el juez Pablo Llarena, al argumentar su decisión de enviar a prisión preventiva a los cinco políticos catalanes.
Con la sentencia de cárcel, de hecho, el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Turull queda fuera de participar en la sesión parlamentaria de mañana para evaluar su investidura como presidente del Govern, después de que el jueves fracasara un primer intento.
Turull no logró ser investido presidente en primera instancia, tras la abstención de la plataforma asamblearia Candidaturas de Unidad Popular (CUP) y los votos en contra de Ciudadanos (Cs), el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Cataluña en Comú y el Partido Popular (PP), formaciones que advierten de que no se puede situar en puestos de responsabilidad a personas que tienen un proceso judicial abierto.
En primeras declaraciones tras conocerse la decisión del Supremo, Turull ha afirmado que va a prisión por ser “leal” al mandato de los que le eligieron diputado, a la gente, al Govern y Parlament de Cataluña.
Después del referéndum de Cataluña, celebrado 1 de octubre de 2017, Madrid ha reprimido duramente a los políticos independentistas. En la actualidad, varios altos cargos de la Generalitat están en la cárcel por decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, mientras que sobre el destituido presidente autonómico catalán Carles Puigdemont pesa una orden de arresto.
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