Ni esta imagen, ni tampoco ésta podrían producirse actualmente en Cataluña. El presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, continúa preso y Puigdemont sigue en Bruselas, la capital de Bélgica, y ahora, Anna Gabriel, dirigente de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) está en Suiza. La dirigente independentista ha decidido quedarse en Ginebra (Suiza) para evitar declarar ante el Tribunal Supremo (TS) y denunciar así persecución ideológica y vengativa del Estado español en su imputación por rebelión.
La CUP pretende de esta manera internacionalizar el conflicto catalán y mantener el embate democrático y pacífico con el Estado. Eso sí, ha avisado de que si España solicita la orden de detención de Gabriel, ésta solicitará el asilo en el país helvético.
La Mesa del Parlamento, por su parte, ha frenado la reforma de ley para investir a Puigdemont de forma telemática y ha encargado un informe jurídico para tomar una decisión final. La Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no la ve con buenos ojos y Junts per Catalunya (JxCat) sí la considera viable, mientras el Partido Popular (PP) la ha rechazado de pleno.
Ciutadans y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), han pedido amparo al Tribunal Constitucional (TC) español para desbloquear la actual situación política en Cataluña, de la que culpan básicamente al presidente de la Cámara.
En este contexto de judicialización extrema de la política, varios dirigentes independentistas han pasado por el Tribunal Supremo, también investigados por rebelión.
La dirigente de ERC, Marta Rovira, ha sido puesta en libertad bajo fianza, mientras el expresidente catalán, Artur Mas, la dirigente del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) Neus Lloveras, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, han sido dejados en libertad sin medidas cautelares.
Todos, sin embargo, podrían ingresar en prisión en el futuro si así se decide en un juicio que, por ahora, se encuentra sólo en fase de instrucción.
Oriol Puig, Barcelona.
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