Por Alberto García Watson
Ante denuncias reiteradas de abusos, explotación y violaciones a menores, el Estado optó por la salida más cómoda, trasladar el problema.
No es justicia, es evasión con sello oficial
El director de Migración Colombia, Didier Leguízamo, declaró que “la seguridad nacional deberá ser garantizada ante cualquier amenaza”. Sin embargo, la deportación no garantiza seguridad ni justicia: simplemente desplaza a una comunidad que ya ha recorrido varios países, dejando tras de sí denuncias graves y expedientes inconclusos. Un funcionario puede hablar de “seguridad”, pero los hechos hablan más fuerte, Colombia escogió cerrar la carpeta, no abrirla.
Guatemala: la evidencia que ningún gobierno debería ignorar
En 2024, Guatemala dejó expuesto, con brutal claridad, lo que ocurre cuando los Estados no actúan a tiempo. Tras la fuga de cuatro menores que denunciaron abusos, las autoridades rescataron 160 niños pertenecientes a la comunidad vinculada a Lev Tahor.
Uno de los fiscales del Ministerio Público declaró: “Después de los exámenes forenses se estableció la existencia de agresiones físicas y sexuales”.
Y un líder de la comunidad religiosa judía reconoció ante la prensa lo que ningún país debería tolerar: “Existen costumbres y hábitos que riñen con el código penal guatemalteco”.
Entre esos “hábitos”, el embarazo de una niña de doce años.
No se trata de interpretaciones culturales… Son delitos.
Las autoridades guatemaltecas también confirmaron que la mayoría de los integrantes no poseía documentos de identificación, un patrón ya conocido en la dinámica itinerante del grupo. Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación añadieron que existen “elementos que elevan las alertas sobre posibles homicidios”.
Guatemala actuó de forma tardía, sí, pero actuó. Y su caso revela algo esencial: no hay país que, al permitir su instalación sin supervisión, no termine enfrentando exactamente lo mismo.
México, Canadá y Estados Unidos: un patrón internacional
Antes de su llegada a Guatemala, Lev Tahor ya acumulaba investigaciones en Canadá, México y Estados Unidos. En todos los casos las denuncias coinciden:
- violaciones,
- matrimonios forzados,
- embarazos de menores,
- trata y traslado internacional de niños,
- coerción psicológica y aislamiento extremo.
Un juez canadiense señaló en 2014: “Los menores de la comunidad se encuentran en riesgo serio y sostenido”.
Las autoridades estadounidenses añadieron, en un proceso de 2018, que existían “prácticas sistemáticas de control y abuso sobre los menores”.
Frente a un patrón tan uniforme y tan documentado, la deportación colombiana no solo es insuficiente: es irresponsable.
Nueva York también bajo sospecha por la actuación de sectas rabínicas
En enero de 2024, otra secta judía jasídica, Lubavitch Chabad, fue el foco de la atención cuando su sinagoga central en Brooklyn, Nueva York, fue tomada por la policía neoyorkina y el descubrimiento de túneles secretos así como de colchones infantiles ensangrentados, fue motivo de alarma internacional por el temor de que en dichos pasajes clandestinos pudieran haber tenido lugar rituales satánicos con niños.
La secta Lubavitch Chabad aglomera a algunos de los actores más poderosos del radicalismo político internacional. No es casualidad que políticos como Benjamín Netanyahu, Donald Trump, Volodímir Zelenski y Javier Milei sean adeptos de las creencias de esta secta rabínica, donde predominan los casos de pederastia, simpatías demoniacas y delirios mesiánicos.
El deber de los Estados: proteger a los niños, no a su propia incomodidad
La libertad de culto no puede convertirse en un refugio para violadores, coerción sexual o matrimonios forzados.
La Convención sobre los Derechos del Niño es explícita: “Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de explotación y abuso sexual” (Art. 34).
En cada país donde sectas rabínicas como Lev Tahor ha operado, los menores han sido las víctimas directas y constantes.
Cada gobierno que decide “sacar” en lugar de juzgar contribuye a perpetuar el circuito. Y cada nueva denuncia será una prueba adicional de lo que ya es evidente:
La impunidad transnacional de sectas como Lev Tahor existe porque los Estados la permiten.
