“No hay ningún dato que permita entender que Junqueras va a abandonar la idea de proclamación unilateral de la independencia”, ha declarado la corte española, que considera que existen indicios de la comisión por Junqueras de delitos “de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos”.
A su criterio, el exvicepresidente del Gobierno regional participó debido a su cargo político en un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y se alzó “contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico”.
Aun así, el Supremo asegura no se ha abierto un proceso para perseguir la disidencia política ni la defensa de una opción independentista, por lo que “no puede hablarse de presos políticos”. Los magistrados señalan que defender la independencia de Cataluña es “legítimo”.
No hay ningún dato que permita entender que (el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol) Junqueras va a abandonar la idea de proclamación unilateral de la independencia”, afirma el Tribunal Supremo (TS) español.
El pasado 4 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó mantener el encarcelamiento preventivo de Junqueras, del exconsejero regional de Interior Joaquim Forn y de los líderes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un “riesgo de reiteración delictiva”.
No obstante, en la audiencia de ayer jueves, el abogado del líder independentista pidió su liberación para que pudiera ejercer sus “derechos políticos” como diputado y descartó el riesgo de reincidencia afirmando que Junqueras siempre ha apostado por el diálogo con las autoridades españolas.
A pesar de todo esto, los catalanes protagonizan de vez en cuando grandes protestas para exigir la libertad de los exdirigentes independentistas presos, así como para denunciar la implementación del artículo constitucional155, aplicado por el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, en respuesta a la ilegal declaración de independencia.
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