Desde 2010, en España ha habido un impacto considerablemente negativo en los programas de bienestar
“Desde 2010, en España ha habido un impacto considerablemente negativo en los programas de bienestar”, dice la nota, elaborada gracias a un trabajo financiado por el equipo de la comisaria belga Marianne Thyssen, a cargo de Empleo y Asuntos Sociales.
Para cada uno de los 35 países europeos estudiados, es decir los 28 miembros de la Unión Europea más Islandia, Macedonia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Suiza y Turquía, existe una versión nacional.
El sistema de protección social en España es claramente ineficaz. No reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes
“El sistema de protección social en España es claramente ineficaz. No reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”, denuncia la versión española de tal informe.
A continuación, la nota, que se divide en tres partes: políticas de apoyo al desarrollo infantil, políticas de apoyo a la participación de los padres en el mercado de trabajo y políticas contra la exclusión social, declara que la inversión social en España es “bastante débil”.

La Comisión evoca que toda esta situación se empeoró en mayo de 2010, cuando se puso en marcha los primeros recortes durante la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), a raíz de la crisis económica en 2008 que azotó a muchos Estados en Europa.
El informe deja claro que el sistema social funciona del peor modo posible, en particular, a la hora de enfrentarse a una crisis, de ahí que no previnieron el deterioro de las condiciones de vida para un amplio segmento de la población española.
Al nombrar varias organizaciones no gubernamentales, como Cruz Roja, el reporte critica enérgicamente que los servicios sociales encargaron parte de su propia responsabilidad a las ONG y otros entes voluntarios.
Desde el inicio de la crisis económica en 2008, casi todas las situaciones sociales en España han empeorado, desde la tasa de desempleo y la tasa de la pobreza infantil hasta desalojos forzados de viviendas, una medida censurada ampliamente por entes pro derechos humanos.
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