El jurista, que se desempeña como juez abogado general principal de las Fuerzas de Abogados del Estado Mayor General (JAG), ya había expresado sus preocupaciones sobre la legalidad de las operaciones militares que lleva a cabo la administración del presidente Donald Trump desde septiembre contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el Pacífico, que han dejado un saldo mortal de al menos 80 personas.
Meagher planteó sus inquietudes en agosto pasado, antes de que comenzaran los bombardeos so pretexto de combatir el narcotráfico. No obstante, seis fuentes, entre altos funcionarios, asesores del Congreso de Estados Unidos y otros exservidores públicos, rechazaron sus afirmaciones, según informó el miércoles NBC News.
Conforme a Meagher, los ataques contra personas en embarcaciones, muchas de ellas pesqueras, en el Caribe y el Pacífico oriental pueden constituirejecuciones extrajudiciales, lo que podría exponer a consecuencias legales a los miembros del servicio involucrados en los operativos.
En su informe, NBC Newsreflejó las opiniones de otros abogados civiles y militares de distinto rango quienes también expresaron sus inquietudes sobre esas operaciones letales, incluidos funcionarios del Departamento de Guerra (el Pentágono).
“No existe ningún mundo donde esto sea legal”, dijo un actual miembro del Cuerpo de Abogados Militares (JAG) bajo anonimato.
La opinión del principal asesor jurídico de un comando militar suele ser crucial para determinar si la operación se lleva a cabo o no, aunque los altos mandos pueden rechazarla.
Ante la polémica generada por las afirmaciones de Meagher, el Pentágono se ha negado categóricamente que ninguno de sus juristas haya expresado ese tipo de preocupaciones. Su portavoz principal, Sean Parnell, afirmó que todos los juristas militares“saben que actuamos dentro del marco legal”, afirmando que los ataques cumplen con el derecho de los conflictos armados.
La Administración Trump afirma que EE.UU. ha declarado “guerra” contra los cárteles de la droga, después de que designara a algunas de esas organizaciones criminales como supuestas organizaciones terroristas extranjeras.Sin embargo, el Congreso no ha declarado la guerra ni ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los narcotraficantes.
Muchos congresistas incluso han exigido cesar las operaciones, por considerarlas como “asesinatos ilegales”. “La idea de que EE.UU. esté involucrado en un conflicto armado con narcotraficantes venezolanos es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal”, dijo el congresista demócrata estadounidense Jim Himes, el pasado 12 de octubre.
La decisión del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, de renunciar a su cargo para el próximo mesmenos de un añode asumirlo aumenta el escepticismo sobre la legalidad de las operaciones militares.
Desde agosto, EE.UU. mantiene desplegada una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Caracas, por su parte, considera estas maniobras ilegales como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.
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