El juicio del caso Nóos, que se ha retomado este martes en Palma de Mallorca (islas Baleares), tiene como principal implicado al marido de la Infanta, que se aprovechó de su posición para conseguir contratos millonarios y a quien el juez acusa de "prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda Pública". El fiscal pide para Urdangarin 19,5 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros.
El objetivo era contratar a Urdangarin y a todo lo que viniera de él sin discutir el precio", ha declarado el ex director general de Deportes de la comunidad autónoma de las islas Baleares José Luis Ballester, uno de los acusados del caso Nóos.
El macrojuicio tiene especial importancia porque la infanta Cristina, quien vuelve a acudir como acusada después de que el tribunal que lleva el caso resolviera hace diez días que no puede beneficiarse de la llamada doctrina Botín, es el primer miembro de la Familia Real que se sienta en el banquillo de los acusados. Está acusada por el sindicato Manos Limpias –que pide 8 años de cárcel– de cooperar con su marido en la comisión de dos delitos fiscales en la sociedad Aizoon, que comparte con su cónyuge y de la que posee el 50 por ciento.
El proceso se ha reanudado con la llegada de los 18 acusados, varios exaltos cargos a los que se acusa de otorgar contratos a Urdangarin y su socio, Diego Torres, por valor 6,2 millones de euros, y que ya han anunciado que están dispuestos a confesar a cambio de rebajar su pena.
El número de acusados se ha reducido a 17 después de que el tribunal encargado del caso absolviera al gerente del Instituto Nóos y cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, ya que Manos Limpias ha retirado la acusación en su contra alegando que se trata de una "estrategia procesal". De esta forma, el tribunal le ha retirado la acusación y ha pasado a ser testigo.
Cabe recordar que el supuesto saqueo a las arcas públicas por parte de Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro, se realizó, fundamentalmente, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, dos regiones controladas por el Partido Popular (PP) que lidera el actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Según la acusación del fiscal Pedro Horrach y de Manos Limpias, el Instituto Nóos sirvió como paraguas de una trama encaminada a enriquecer a sus patronos falseando facturas y defraudando al fisco.
El primero en declarar ha sido el primer arrepentido del caso, José Luis 'Pepote' Ballester, exdirector de Deportes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (2003-2007), que inició su colaboración con la Fiscalía en 2009. Ha ratificado que participó en un encuentro en el Palacio de Marivent –residencia de vacaciones de los reyes de España–, en septiembre de 2003, en el que Urdangarin y el expresidente de Baleares Jaume Matas definieron su colaboración sobre la puesta en marcha de futuros proyectos entre el Ejecutivo balear y el Instituto Nóos.
Al finalizar, ha explicado que el entonces duque de Palma propuso al gobierno balear patrocinar un equipo ciclista de élite con un presupuesto total de 18 millones de euros y gestionar él una "oficina del proyecto" para "seguir el impacto del patrocinio" por valor de 300.000 euros públicos. "Nunca se dudó que esa oficina la tenía que llevar Urdangarin", ha asegurado.
"El objetivo era contratar a Urdangarin y a todo lo que viniera de él sin discutir el precio", ha explicado Ballester al tribunal, después de asegurar que Matas le ordenó contratar al cuñado del rey y que "lo que venía marcado era muy claro", acusando así a Matas de ordenar falsear las actas –en las que se justificaban la contrataciones– de la Junta de Patronos del Illesport, la fundación desde la que se contrató al Instituto Nóos de Urdangarin y Torres, y cuyos negocios se juzgan ahora.
Matas ha seguido con atención estas declaraciones que le acusan, y también lo ha hecho Urdangarin, especialmente en el apartado en el que ha hablado de las conversaciones que ambos mantuvieron cuando se gestó la primera relación económica con el gobierno de Matas.
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