La denuncia de los organismos humanitarios surge en rechazo al aumento de agresiones contra activistas, incluyendo detenciones arbitrarias de figuras destacadas, así como por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que ha generado preocupación por el incremento de la represión en el país.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó el martes la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones a organizaciones no gubernamentales. Esta ley es vista como una herramienta para silenciar y controlar a la sociedad civil, además de un intento de criminalizar la labor de quienes defienden los derechos humanos.
Según las activistas, la Fiscalía General involucrada en la aplicación de esta ley y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional crean un marco legal que facilita la represión.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por esta normativa. Organismos como la ONU han señalado que etiquetar a las ONG como agentes extranjeros debilita el tejido cívico del país. Se estima que alrededor de 8000 ONG y medios independientes podrían verse afectados, lo que impactaría negativamente a la sociedad, especialmente a los sectores más empobrecidos.
yzl
