“El Gobierno empezará ahora el proceso de analizar el trabajo atrasado de solicitudes de licencia para Arabia Saudí y sus socios de la coalición que se ha acumulado desde el 20 de junio del año pasado”, sostuvo el martes la secretaria para el Comercio Internacional británico, Liz Truss, en declaraciones ante el Parlamento.
Truss dijo que el Gobierno británico, como le instó un fallo emitido el 20 de junio de 2019 por el Tribunal de Apelaciones del país, revisó la venta de armas a Arabia Saudí, sin embargo, no encontró un “riesgo claro” de que la exportación de equipamiento militar al reino árabe “pueda ser usado para cometer violaciones graves del Derecho Humanitario”.
Tras el fallo en cuestión del tribunal británico, el Ejecutivo, entonces encabezado por Theresa May, procedió a aplazar la venta de armamento temporalmente.
Al argumentar esta decición, Truss calificó las violaciones de derechos humanos cometidas por Arabia Saudí en Yemen de “incidentes aislados”.
El anuncio reavivó las críticas de los grupos pro derechos humanos que no dejan de llamar al Reino Unido a detener la exportación de armas a Arabia Saudí, pues este tiene las manos manchadas con la sangre de gente inocente en Yemen desde que inició junto a sus aliados una campaña de bombardeos contra este país en marzo de 2015. Efectivamente la agresión saudí ha dejado más de 100 000 muertos en Yemen.
La directora de Amnistía Internacional para el Reino Unido, Kate Allen, denunció que el Gobierno británico ve como “incidentes aislados” los numerosos casos del asesinato de los civiles yemeníes en escuelas, hospitales, salas funerarias y mercados como consecuencia de los bombardeos saudíes.
Por su parte, Danny Sriskandarajah, director ejecutivo de la organización humanitaria Oxfam, describió la decisión como prácticamente “cruel”, advirtiendo de la crisis sanitaria, causada por el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, que ha agudizado la situación ya grave de los yemeníes.
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