Los funcionarios del Departamento de Guerra de EE.UU. admitieron no conocer la identidad de quienes iban a bordo de los barcos acusados de enviar drogas antes de bombardearlos, según un informe.
Desde el 2 de septiembre, EE.UU. ha bombardeado 15 embarcaciones en aguas de América Latina, causando 61 muertes. Los asesinatos extrajudiciales generaron indignación entre demócratas que asistieron a una sesión informativa clasificada el jueves.
Sara Jacobs, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunció que “los funcionarios del Pentágono dijeron que no necesitan identificar positivamente a las personas que se encuentran en esos buques para realizar los ataques, solo necesitan probar una conexión con el contrabando”, y que no se ofrecieron respuestas satisfactorias sobre la evidencia.
La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha iniciado ataques a barcos en aguas cercanas a Venezuela y en el océano Pacífico bajo el pretexto de que las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo están aumentando en EE.UU., alegando que las embarcaciones atacadas supuestamente transportaban cocaína.
Sin embargo, el Pentágono ni siquiera puede proporcionar pruebas que respalden sus afirmaciones sobre la carga de los barcos.
“Argumentaron que la cocaína es una droga que facilita el fentanilo, pero eso no fue una respuesta satisfactoria para la mayoría de nosotros”, añadió Jacobs.
Al respecto, afirmó que, según lo informado, incluso si el Congreso autorizara la campaña de bombardeos, seguiría siendo ilegal.
“No escuchamos nada que cambie mi evaluación de que esto es completamente ilegal, que es ilícito y, aun si el Congreso lo autorizara, seguiría siendo ilegal porque se trata de asesinatos extrajudiciales sin evidencia alguna”, concluyó la representante.
Un día antes de la reunión del jueves, el Pentágono convocó exclusivamente a legisladores republicanos, excluyendo a los demócratas, lo que desató su indignación.
Mark Warner, senador demócrata del Comité de Inteligencia, calificó la sesión como un acto “corrosivo” y un “truco político” para proteger a su equipo, y subrayó que todo el Congreso debe supervisar a la Casa Blanca en acciones militares letales.
Algunos republicanos también criticaron los bombardeos en el Caribe. “No se presentó evidencia ni se identificaron nombres; ejecutan personas sumariamente… está mal”, afirmó el senador Rand Paul.
Paul se unió a los demócratas en la presentación de una Resolución de Poderes de Guerra para impedir que la administración Donald Trump inicie un conflicto con Venezuela, en medio de amenazas de ataques y un despliegue militar estadounidense en la región. Se espera que la votación del proyecto de ley se lleve a cabo la próxima semana.
La semana pasada, Estados Unidos desplegó el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, junto con cinco destructores acompañantes, en América Latina.
Expertos de la ONU han condenado las acciones militares ilegales, calificándolas como “ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional”.
Caracas denuncia estas acciones como “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que buscan “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.
Estados Unidos ha indicado repetidamente su intención de promover un cambio de régimen en Caracas. En 2020, llevó a cabo la Operación Gideon, que involucró a disidentes venezolanos y una empresa privada del país para infiltrarse en Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro, sin éxito.
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